LadyTupperware insiste en que un Juez Federal es tonto y torpe

La Diputada y Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política Marcela González Castillo rompió el silencio tras asegurar que el nombramiento del auditor mayor del OFS Arturo Lucio Salas Miguela estuvo apegado a derecho y desdeñó públicamente el ordenamiento que un Juez Federal mandató para suspender la designación del titular y deja entrever que el Juez Tercero es torpe porque el proceso ya concluyó.

Fue a través del comunicado 1352 emitido por la dirección de comunicación social del Congreso local, por medio del cual la morenista sentenció que; “ante la demanda de amparo que promovió uno de los interesados al cargo de Auditor de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, y la información que se ha vertido en algunos medios de información, la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, la diputada Marcela González Castillo, consideró prudente precisar lo siguiente a fin de no generar mayor especulación sobre la situación”.

El boletín precisó que; “el pasado 24 de octubre de 2023, el Pleno del Congreso del Estado designó de entre los integrantes de la terna propuesta por la Junta de Coordinación y Concertación Política, a Arturo Lucio Salas Miguela, quien en esa misma fecha rindió protesta al cargo conferido, en sesión pública, dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala”.

“El día 2 de noviembre de 2023, el C.P. Arturo Lucio Salas Miguela, inició sus funciones como Auditor de Fiscalización Superior, para los próximos 7 años”.

La LadyTupperware como la conocen en el argot político, sostuvo que; “…el día 6 de noviembre, el Congreso fue emplazado sobre una Demanda de  Amparo, con número de expediente: 1551/2023-II-D, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala, y en el mismo acto se le notificó de una suspensión provisional que ordenaba “sin paralizar el procedimiento de designación de Auditor de Fiscalización Superior, se abstengan de emitir una resolución definitiva en la etapa conclusiva de dicho procedimiento, esto es, en caso de que no se haya hecho…”.

“Por lo anterior el Congreso del Estado por medio de su área jurídica, rindió un informe previo, mediante el cual dio a conocer al Juez de Distrito, que se trataba de un acto consumado, toda vez que esta supensión se informó el 6 de noviembre cuando ya se había tomado una resolución definitiva, ya había rendido protesta al cargo y el nuevo titular del OFS ya estaba en funciones”, puntualizó el boletín de prensa.

No obstante, la Presidenta de la JCCP omitió informar que el ordenamiento del Juez fue el pasado 18 de octubre del 2023 en el que mandató la suspensión provisional para la designación del titular, más no así el proceso en el que se debería elegir el nuevo titular del OFS.

Tan grave es la ignorancia de la Legisladora, que aceptó que sí fue notificada, aunque fuera de tiempo, sin embargo, no exime al Poder Legislativo de las acciones extemporáneas ya que en ese tipo de procedimientos la Ley si es retroactiva por los tiempos en que se realizó el proceso.

Y es que después del seguimiento que este comunicador ha dado a los amparos que promovió Said Corona Torres, por estar viciado el procedimiento, a la Legisladora no le quedó de otra tuvo que salir a justificar su torpeza luego de la presión que ejercieron sus pares por encubrir ese proceso legal que los mantiene a tod@s los 25 Diputados en la antesala de la calle por el evidente desacato.

Sobre las sanciones, podrían ser encarcelad@s l@s 25 integrantes de ese Poder, además de ser multados y hasta inhabilitados por varios años, de acuerdo a la Ley de Amparo en el artículo 262 en su fracción III, que a la letra dice que la sanción será a quien; “no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.

Incluso, el pasado 17 de noviembre del presente año, fue presentado un nuevo amparo en el Juzgado Tercero de Distrito con numeral 8810485/2023 por la violación a la suspensión que el juez mandató.