Mandataria estatal negó derecho de petición y viola garantías de Máxima Protección de los Derechos Humanos, respeto, promoción, protección y Defensa, Derecho de Petición y Principio de Legalidad.
Por negarse a dar contestación a una solicitud relacionada sobre corrupción en la que incurrió el actual secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández, le promueven a la Gobernadora Lorena Cuéllar un amparo ante el Poder Judicial Federal para que éste le ordene a la mandataria dar contestación a la misma y además de frenar, sancionar la grave corrupción que impera en su gobierno.
Se trata de Eliseo Arteaga Uribe un ex empleado de la administración estatal, quien hace casi un año fue despedido de la administración pública por negarse a encubrir actos de corrupción en la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) en ese entonces en manos del actual secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández.
Fue el pasado mes de agosto cuando Arteaga Uribe solicitó una audiencia con la Gobernadora Cuéllar; “…para hacer de su conocimiento los hechos de relacionados a como las Autoridades del Estado que Gobierna, han encubierto impunemente y a toda costa los delitos por hechos de corrupción política, cometidos u ordenados por el C. LUIS ANTONIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA”.
Sin embargo, la mandataria estatal desestimó las corruptelas en las que ha incurrido su ahijado, al grado que lo premió como el segundo de abordo en su administración, de ahí que el ex empleado de su Gobierno pidió la intervención de la Justicia Federal por; “La omisión de notificar y/o hacer de mi conocimiento la determinación tomada, o en su caso, el trámite correspondiente que le otorgaron a la solicitud que les formulé”.
“La omisión de responder…le solicite atentamente que tuviera a bien concederme una audiencia ciudadana para explicarle todo lo que ha venido pasado con respecto a la denegación de la impartición, procuración y administración de justicia de la que he sido víctima; así como la negligencia en los servicios públicos que brindan o que en su momento debieron haberme brindado las Dependencias que forman parte de la Administración Pública”, detalló en su solicitud.
“…me deja en completo estado de indefensión, esto ante la incertidumbre jurídica que me genera el silencio de las Autoridades Responsables…por lo que estimo trasgredidas las siguientes prerrogativas: Artículos 01, 08, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mismos que son concernientes a la Garantía de Máxima Protección de los Derechos Humanos (Reconocimiento, Respeto, Promoción, Protección y Defensa), al igual que, con el Derecho de Petición, y, así también, con el Principio de Legalidad”.
Eliseo Arteaga confió que a través del Juicio de Amparo Indirecto, podrá obtener la respuesta a su petición formulada a las Autoridades Responsables; y, con ello, la posible solución a las controversias legales que han sido politizadas y que se encuentran desatendidas por quienes debieran estar investigando o sancionando los abusos, las malas actuaciones de funcionarios locales y federales, pero sobre todo atendiendo la precaria situación en que se encuentra el país en general, por culpa de su opacidad, quietud y negligencia en tocar este tipo de temas.
