Por: Mario Alberto Macías Palma
Porque sí la ley municipal del estado de Tlaxcala a la letra dice, entre muchas otras disposiciones, que serán responsables de las consecuencias de sus actos u omisiones los servidores públicos que generen algún daño al patrimonio y/o arcas públicas, la gran mayoría de quienes caen el supuesto se desentienden de su responsabilidad pública, andan muy campantes con todo cinismo por doquier.
Lo peor es que no hay autoridad. No hay quien los llame a cuentas, ni gobernantes, ni legisladores, ni Órgano de Fiscalización, y mucho menos quien les haga pagar por sus deficiencias o estupideces al haber estado al frente de la administración pública.
Lo anterior viene a cuento porque la mayoría de los municipios, así como los Poderes Legislativo y Ejecutivo, han perdido juicios laborales que generaron millonarios laudos que desfalcan la hacienda pública, y que ponen en riesgo de suspensión o definitivamente cancelación de obras y programas.
Esto por varias, pero sencillas razones: soberbia política; incapacidad profesional, pereza o negligencia o por plena estupidez.
La soberbia de los políticos, diputados, de gobernadores, y en mayor medida de alcaldes, que sobrevaloran su Poder y creen en la invulnerabilidad de sus decisiones. Hasta se permiten el abuso de “vetar” a servidores públicos que despiden injustificadamente, y cuando les asiste la razón no “se rebajan” a cumplir con el procedimiento.
La incapacidad de los profesionales del derecho que fungen como asesores o directores jurídicos por compadrazgo o compromiso electorero; abogados que no le saben al tema, pero que empeora el caso cuando no preguntan, no se capacitan, no aprenden y les “dan un baile” en los juzgados laborales.
La pereza o negligencia de los burócratas encargados de realizar el despido del empleado en cuestión, así como de los responsables de tales decisiones -los jefes- y de los representantes legales -síndicos- y sus abogados que los únicos que les interesa es cobrar su quincena y que pase el trienio sexenio para desentenderse de toda responsabilidad.
O por la estupidez de todos ellos y todas esas razones. Cuando “todas las anteriores” opciones se juntan en u o varios burócratas al frente de los Poderes o niveles de gobierno.
Por ejemplo, el ayuntamiento de Tlaxcala, que arrastra laudos laborales “desde que fue presidenta Lorena Cuellar” o antes, que tiene deudas mayores al gobierno estatal, más de 100 millones de pesos, y que pasan y pasan gobernantes sin que nadie quiera poner solución, sin que nadie entre en negociación, solo aventando la bolita al siguiente a ver si se le antoja solucionarlo.
Pues llega el momento en que por lo pagar, los tribunales ordenan embargar cuentas bancarias, incluso salarios de autoridades sin culpa, solo por la coyuntura de las sanciones y multas, como le pasó a recientemente a los integrantes del Cabildo capitalino, que la Secretaría de Finanzas les mochó 49 mil 050 pesos de su dieta.
Y así en varios ayuntamientos.
Peor aún que estas sanciones por desacato a una orden judicial, quienes no presupuestan dichos pagos, pueden ser inhabilitados para el servicio publico o cargo de elección.
Ojalá y no sea un arma política para eliminar a varios políticos de la próxima contienda electoral, pues hay regidoras y regidores, alcaldes y diputados con posibilidades que podrían verse truncadas.
¿Cuántos y quienes serán los sacrificados?
ESGRIMA…
Le llegó la hora al OFS
Desde que fue creado el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del Estado, resultado de la transformación de una oficina informal, solo ha tenido tres titulares, de los cuales ninguno ha salido con la cara en alto ante las sobradas dudas de su desempeño honesto y los múltiples testimonios de extorsión y soborno.
Florentino Flores Xelhuantzi (qepd) fue una imposición del entonces gobernador Héctor Ortiz, cuyo “operador” de la “transa y la finanza”, era su “mano derecha”, Luciano Crispín Corona, quien a su vez tuvo como personera en la “negociación” de cuentas públicas municipales, a su “mano derecha” la saliente María Isabel Delfina Maldonado Textle, quien a la postre lo traiciona al cancelar su indemnización.
Siempre ha sido “del mismo palo” la sucesión en el OFS, lo que no deja margen de cambio y menos de cumplimiento de su propósito, que las cuentas sean claras, ni pensar en hacer realidad su esencia: la honestidad.
Ahora con la designación del Arturo Lucio Salas Miguela como titular de la fiscalización superior, más que un “beneficio de duda” hay que ver que se rompió ese marasmo renovador, donde quien llegaba era parte de la misma “mafia” que se ha conformado de manera lamentable en esa dependencia del Poder Judicial.
Dejar que Salas Miguela dé sus primeros resultados, desmentirá el estigma de haber sido colaborador cercano del secretario de Finanzas, David Álvarez, ya que quienes los conocemos sabemos que, por lo menos, son personajes a los que no se les pueden achacar halos de corrupción, al contrario, su actuar es además de discreto ha sido decoroso.
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