Por: Carlos Rayo
Actualmente la corrupción es, para todos los mexicanos el segundo mayor problema (seguido del desempleo y pobreza según el INEGI) que afecta directa o indirectamente, es decir, es un mal que nos aqueja a todos sin excepción y que sin duda alguna ha deteriorado significativamente el tejido social de todos los mexicanos.
Costos económicos, sociales y políticos son derivados de dicha problemática la cual lamentablemente su percepción aumenta con el paso del tiempo, ya que, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia internacional, México se encuentra en el lugar #135 con 29 puntos ponderado donde 100 puntos representa una percepción de ausencia de corrupción y 0 puntos representa la percepción de muy corrupto. (IPC, 2017).
Y bien ¿A qué me refiero con costos económicos, sociales y políticos?, me refiero al incremento en costos para poder hacer negocios, al desaliento de las inversiones extranjeras directas que impactan significativamente sobre el crecimiento y desarrollo de nuestro país, al obstáculo de productividad de las empresas, a favorecer el comportamiento confabulatorio entre las personas, así como también reduce la recaudación fiscal y por ende el gasto público se ve mermado.
Si bien, el informe anual del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) del 2015, estima que el costo de la corrupción, para la economía nacional, representa hasta un 5% del PIB. (Estudio de la OCDE sobre integridad en México, 2017) Pero, ¿Qué pasa con la justicia y equidad en nuestro país y qué papel juega dicho mal dentro de ellas? Dichos términos son de suma pertinencia y que sin duda tienen una alta correlación con este problema social, es decir, limita el acceso justo y sobre todo equitativo de los servicios públicos, como por ejemplo la salud y la educación, servicios públicos que son cruciales para el correcto funcionamiento de un país.
La impunidad en nuestro país indudablemente fomenta la corrupción. Por ejemplo, casos de peculado de diversos funcionarios públicos, evasión de impuestos de empresas o empresarios, incumplimientos de normas de seguridad para los trabajadores de una empresa o bien espacios inadecuados para laborar, sobornos, facturas falsas, acoso sexual en el ámbito laboral o educativo, etc. Son claros ejemplos de formas de corrupción y que lamentablemente una minoría de estos eventos son castigados seriamente.
El problema no está en la persecución de los delitos, sino más bien está en que muy pocos son sujetos a una condena. Para darle sustento a esta idea me remito a los siguientes datos:
El Índice de Impunidad Global en México reveló que al menos 99% de los delitos que se cometen en país no son castigados, debido a que solo 7 de cada 100 delitos no son denunciados por los ciudadanos y por estos delitos solo hay un 4.46% de sentencias condenatorias. (Milenio 2016).
Es ahí donde la sociedad entra en acción y tiene un gran peso ante esta adversidad. Como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de denunciar cualquier acto de perversión, pero lamentablemente no es así. ¿A qué se debe esto? Las principales razones por las cuales una persona decide no denunciar son: a) no haría ninguna diferencia, b) tener miedo de las consecuencias y c) no saben dónde reportar. (Estudio de la OCDE sobre integridad en México, 2017).
La población también juega un papel muy importante sobre la educación, ya que, los padres tienen el deber de fomentar valores y actitudes benéficas desde el hogar, es decir, que la educación en el hogar es clave para poder formar ciudadanos con ética y valores y las instituciones educativas son esenciales para la formación profesional de las personas. Entonces es necesario cambiar nuestra percepción sobre la enseñanza en nuestro país, ya que, los padres deben de educar a sus hijos en casa y los profesores formar profesionalmente a los estudiantes, así de sencillo.
Ahora bien, ¿Qué función tiene el gobierno ante esta problemática?
- El gobierno debe de proveer seguridad y crear condiciones necesarias para los denunciantes y resolver este problema.
- Garantizar un sólido estado de derecho (fortalecimiento de las instituciones, es decir, que sean lo menos quebrantables posibles).
- Transparencia ante el diseño e implementación de diversas políticas públicas, para reducir los índices de percepción de corrupción y evitar fomentar actitudes confabulatorias entre los ciudadanos.
- Brindar educación eficiente y eficaz a todos los mexicanos, como una manera de combatir la corrupción a largo plazo.
No está a consideración que este vicio daña y deteriora gravemente a un país, y hasta el día de hoy es padecido por todos los mexicanos, es por eso que necesitamos reformular nuestros objetivos en función del bien social y crear conciencia de lo que queremos y hacia dónde vamos como nación.
