Raúl Contreras Flores
A la pérdida de la concesión de Televisión Tlaxcala Canal 10.1 Señal abierta, por no cumplir en tiempo y forma con los trámites administrativos, y la renta de Radio Altiplano 96.5 FM a El Heraldo, se sumaba la salida del aire de Radio Tlaxcala 1430 AM, debido a la falta de mantenimiento a los transmisores, lo que provocó que éstos se quemaran.
Así, a escasos ocho meses de la llegada de Angélica Domínguez Hernández, la Coracyt atravesaba por una de las peores etapas de su historia. El desmantelamiento de los medios de comunicación concesionados al gobierno del estado lo estaba logrando la inexperta funcionaria. Aunque flotaba en el aire la pregunta si acaso ésta habría incurrido en actos de omisión o dolo, lo que ameritaba severas sanciones administrativas.
Finalmente, tras el llamado que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tuvo que recular y echar abajo la autorización que permitía el arrendamiento de Radio Altiplano. Acuerdo en el que, muy seguramente, el Sistema Público de Radiodifusión (SPR), encabezado por Jenaro Villamil, jugó un papel preponderante.
Esto fue parte del comunicado publicado por el SPR el pasado 12 de junio en su página web:
“El Sistema público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) celebra que, a partir del 11 junio, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, por conducto de la empresa estatal Radio Altiplano FM, S.A. de C.V., reasuma el control de la frecuencia de XHTLAX–FM, 96.5 FM, Radio Altiplano en el estado de Tlaxcala.
El SPR refrenda que los medios públicos deben priorizar el interés público por encima de las lógicas comerciales y de mercado. Los medios públicos son fundamentales en una democracia, pues a través de ellos es posible promover y garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la información, contribuyendo así a la construcción de una ciudadanía informada y participativa.
El SPR reitera su interés en apoyar y colaborar con el sistema de medios públicos de Tlaxcala, la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (CORACYT) para beneficiar a las audiencias y avanzar en el fortalecimiento de las señales públicas”.
En tanto que el día 1 de julio, en un “espectacular” evento, al más puro estilo de la administración lorenista, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Ifetel y el gobierno del estado, en el que se contempla, entre otros objetivos, establecer “las bases generales de coordinación para promover y facilitar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en el estado (…)”.
Si bien se presumió que este convenio fue el primero en su tipo que el instituto firmaba con un estado, esto obedecía más bien, a que se trataría de evitar que, por omisión, dolo o ignorancia, las concesiones otorgadas a los gobiernos estatales puedan ser transferidas a particulares, tal como había ocurrido en Tlaxcala. Es decir, que tanto los titulares del Ifetel como del SPR, vinieron a enseñarle a Lorena Cuéllar y a la titular de la Coracyt, cómo se deben administrar y para qué deben servir los medios de comunicación oficiales.
Por otra parte, si bien siempre será positiva la construcción de planteles escolares, en este caso la obra que habrá de construir el gobierno del estado para el Instituto Politécnico Nacional (IPN), quizá, y sólo quizá, esto sea en pago a la “gentileza” que tuvieron sus autoridades de devolver la señal de la televisora estatal a la administración lorenista.
Ante el anuncio de la aplicación de 100 millones de pesos que habrá de recibir el gobierno estatal para el cacareado “relanzamiento” de la Coracyt, es deseable que ésta sea vigilada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que la opacidad y corrupción existente en el manejo de los recursos públicos por parte de Angélica Domínguez Hernández en los cargos que ha ostentado en la presente administración, no garantizan su buen ejercicio. Baste aplicar una auditoría por parte de la misma ASF, o bien, una auditoría externa para dar cuenta de ello.
Al respecto, se ha esparcido el rumor de que esta funcionaria compró en los últimos meses, peso tras peso, nuevas propiedades. Aunque existe la duda si acaso serán de ella o sólo presta su nombre, lo que aclararía su permanencia en el cargo.
En resumidas cuentas, lo que se quiso presumir como un “gran logro” del gobierno del estado en materia de medios de comunicación, en realidad fue un burdo espectáculo para tratar de expiar culpas o errores cometidos por ignorancia, incapacidad o dolo de funcionarios mediocres.
Símbolo del gobierno lorenista.