A pesar de que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador es promotor de no llegar a la violencia, en el Gobierno de Lorena Cuéllar demostró que no hay capacidad de dialogo para lograr acuerdos con pobladores del Estado y optó por recurrir a la violencia al tomar como rehenes a ciudadanos para presionarlos.
Fue la noche del jueves cuando un grupo de trabajadores de la Secretaría de Salud al exigir su derecho al trabajo cerraron parcialmente la autopista San Martín Texmelucan- Tlaxcala, a la altura del Trébol.
Por lo anterior, al lugar en el que se encontraban trabajadores de la SESA se constituyó el grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que era comandado por Guadalupe Ballesteros quien en pasados procesos electorales fue personal de seguridad de la actual Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
En el intento de dialogo que no duró más allá de tres minutos, el servidor público amagó a los inconformes que en caso de que no se retiraran de la ruta federal de cuota serían retirados por la fuerza pública ya que existía una denuncia, de la cual no dio pormenores.
Al ver la negativa de los inconformes que hacían valer un derecho constitucional, Guadalupe Ballesteros dio la orden a los uniformados de retirar a los manifestantes y como medida de presión tomó a dos de los inconformes como rehenes para negociar la apertura de la vía terrestre.
Incluso amagó con ponerlos a disposición de la autoridad competente, sin embargo, no lo hizo por lo que habría incurrido en diversas irregularidades que evidencian el abuso de poder con que actúa el Gobierno promotor de los abrazos y no balazos.
De acuerdo a lo que marca la Ley, Guadalupe Ballesteros no tiene la facultad Constitucional de exonerar a los retenidos de un delito cometido en un fuero que no le compete como el lo aseguró durante la manifestación.
Y en el supuesto de que estuviera en el ámbito estatal, el mismo policía no puede liberar a presuntos “delincuentes” disfrazados de trabajadores de la salud, por lo cual, violó el artículo 188, fracciones IV y V del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
