La contraloría interna inició de oficio los procedimientos de responsabilidad administrativa para investigar las acusaciones hechas en contra de los jueces Alexis Minor Flores y Alejandro Pereda Vega, quienes fueron señalados por un grupo de abogadas de incurrir en conductas ilegales en el desempeño de sus funciones en un caso de patria potestad de un menor.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Fernando Bernal Salazar, informó que al conocer del caso, ordenó darle seguimiento de oficio contra ambos funcionarios públicos.
Expuso que las abogadas presentaron un escrito con algunas firmas “pero le faltaban algunas cuestiones como los nombres completos de quienes firmaban y algunos detalles en su escrito, de una queja en lo particular en contra de dos jueces que se han venido mencionando que es el juez Alexis Minor y el juez Alejandro Pereda por su actuar en un expediente en particular en cada uno de ellos. Inmediatamente la presidencia tomó las providencias y se instruyó al contralor del Poder Judicial para que iniciara de oficio los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes”.
El también presidente del Consejo de la Judicatura puntualizó que en el proceso de investigación de ambos jueces, verificarán que hayan aplicado el protocolo de actuación especial, tomado las medidas para evitar la revictimización y priorizado el interés superior de la niñez.
“Es en su primera etapa que es de investigación de estos dos casos, y en lo particular, le pedí a cada uno de los jueces que me rindió un informe acerca de cómo se encontraban estos expedientes y el cual me entregaron la semana pasada, sin embargo, el procedimiento de investigación por parte de Contraloría es lo que llamamos el procedimiento de responsabilidad administrativa ya se inició desde la semana pasada”, destacó.
Bernal Salazar expuso que la solución del procedimiento en contra de los dos jueces tendrá una duración máxima de tres meses, pues deben cumplir la etapa de investigación y sustanciación del caso.
De resultar culpables de alguna irregularidad en el ejercicio de sus funciones los acusados podrían recibir sanciones que van desde la amonestación, suspensión temporal o separación definitiva del cargo dependiendo de la falta que previamente tendrá que ser comprobada.
