La Jueza de oralidad en el Distrito Judicial de Sánchez Piedras Aida Báez Huerta, fue denunciada ante el Órgano Interno de Control del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala (TSJE) por incurrir en aparente tráfico de influencias, ya que en contubernio con una familiar que labora al interior del Poder Judicial cambian los acuerdos de los procesos jurídicos en proceso.
Fue a través de un documento que presentó Bernarda “N” el pasado martes 30 del presente mes, a través del cual indicó las irregularidades que privan en la ministración de la justicia por parte de la servidora público.
“Presento formal queja administrativa en contra de la licenciada Aida Báez Huerta quien funge como Juez de oralidad del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y por lo tanto servidora pública de este Poder Judicial en el Estado de Tlaxcala por sus acciones e intervención, presión en el Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial Cuauhtémoc en los expedientes familiar registrados con los números 18/21 y 108/21 de los cuales en el primero soy parte y en el segundo ella esta promoviendo con su hermana Leticia Báez Huerta”, detalló la denuncia.
La denunciante sostuvo en su escrito que; “He tenido conocimiento que la citada funcionaria ha estado presionando al personal de dicho juzgado para que los acuerdos de los expedientes le sean favorables y la presión para que salgan lo más rápido que se pueda en favor de la citada funcionaria, dejando en indefensión a la suscrita, independientemente que en su momento combatiremos todas las resoluciones que se emitan”.
Por lo anterior, pidió al Órgano Interno de Control realizar una investigación minuciosa en los expedientes arriba citados; “…los tiempos y la forma en como han sido acordados y se de vista al Ministerio Público a efecto de que realice las investigaciones necesarias”.
El documento al que se tuvo acceso, también fue dirigido al Presidente del TSJE Fernando Bernal Salazar, además de los Consejeros de la Judicatura, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tlaxcala, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre otros.
