Este delito afecta gravemente al Parque Nacional La Malinche, cuyas casetas de vigilancia son insuficientes para frenarlo, sostiene el legislador tlaxcalteca.
Con el fin de imponer penas de cinco a 20 años de prisión y de mil a diez mil días de multa, a quienes realicen acciones de tala clandestina o exhiba permisos falsos, alterados o modificados, el senador de Morena, Joel Molina Ramírez, propuso reformar el Código Penal Federal.
En la iniciativa, el legislador tlaxcalteca señaló que la misma pena se aplicará a quien ilícitamente derribe, transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada.
Molina Ramírez indicó que la pena que hace referencia el proyecto, se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida.
Debemos garantizar, agregó, que subsistan las condiciones de vida para el ser humano, no podemos vivir sin aire respirable, sin agua limpia de contaminantes o sin suelo con condiciones aptas para llevar a cabo todas las actividades humanas propias de nuestra vida cotidiana.
El representa de Tlaxcala en la Cámara Alta del Congreso de la Unión señaló que actualmente, existe una multiplicidad de normas jurídicas que protegen al medio ambiente, pero llegan a ser insuficientes; por eso debe intervenir el derecho penal como una última razón, pues si no se logra frenar la depredación ambiental en México y en el mundo las consecuencias serán fatales.
Insistió que es prioridad proteger al ambiente, con leyes que tengan suficiente técnica y fuerza jurídica, para ser aplicables y eficaces.
Nuestra hipótesis, apuntó, es la urgente necesidad de federalizar los delitos ambientales con una tipificación única, que sea aplicable en todo el país y un cuerpo normativo único en materia procesal penal de aplicación federal y local.
Joel Molina señaló que hoy tenemos la gran responsabilidad de dar cumplimiento al marco jurídico para la Agenda 2030 sea una realidad, particularmente en Tlaxcala, donde la tala ilegal afecta gravemente al Parque Nacional La Malinche, cuyas casetas de vigilancia son insuficientes para frenar dicho delito.
Es obligatorio, dijo, que México lleve a cabo los 17 objetivos y en este caso en particular el objetivo 15 que señala: “Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.”
Aseveró que existen distintos elementos que motivan la iniciativa como, diferentes estudios que han corroborado, que la deforestación en México por tala clandestina es de 60,000 hectáreas por año, conforme al estudio de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Hizo hincapié en que la tala ilegal merece que se incremente la pena y la sanción en el Código Penal Federal para establecer seguridad de los bosques y fortalecer el Estado de Derecho.
El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal fue turnado directamente a las comisiones unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
