El legislador federal destacó la necesidad de visibilizar y hacer frente a este fenómeno con todos los recursos de los que disponen las autoridades para responder al clamor de justicia de las víctimas y sus familias.
El senador de Morena, Joel Molina Ramírez, llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a prevenir con sensibilidad y combatir con firmeza la trata de personas en México, y ofrecer una atención especial a las mujeres, las niñas y los niños que son víctimas de este delito.
Al conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el legislador federal destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre los municipios, los estados y el Gobierno de México, para proteger y ayudar a la población vulnerable, y enfrentar con mejores estrategias a los tratantes.
En este sentido, destacó el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de a Hacienda para combatir la trata de personas, que durante el gobierno de la Cuarta Transformación ha tenido resultados en esta materia, al congelar cuentas de los integrantes de algunas de las organizaciones criminales que operan desde ciudades de Estados Unidos.
“Estamos hablando de un terrible delito que atenta contra la libertad y la dignidad humana. Es una grave violación de los derechos humanos que requiere sensibilidad y firmeza, por parte de las autoridades. Desde el Senado de la República hemos hecho trabajo legislativo que va en esa línea, pero se requiere la voluntad de los tres órdenes de gobierno para ser más eficaces”, dijo.
Al respecto, Joel Molina refirió que las estadísticas muestran que las mujeres representan alrededor de 49% de todas las víctimas de trata, mientras que las niñas el 23 por ciento, y que la trata de personas se canaliza principalmente a la explotación sexual, el trabajo y el matrimonio forzado, así como la venta de menores y la extracción de órganos.
Por tal motivo, insistió en importancia de visibilizar y hacer frente a este fenómeno con todos los recursos de los que disponen las autoridades para responder al clamor de justicia de las víctimas y sus familias.