Tras las amenazas de muerte que recibió de Alfredo Valencia alcalde Huactzinco y luego de que gente cercana al edil balearan su domicilio de la Sindica Municipal Maribel Muñoz Ramírez, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le mando custodia a la servidora pública para evitar que persistan los actos violentos y de intimidación del edil junto con sus esbirros.
Fue el Agente del Ministerio Público de la Unidad de atención integral dependiente de la PGJE, Fernando Águila Rodríguez, quien solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brinde las medidas de seguridad para la también representante legal de ese Ayuntamiento en manos del Partido Socialista (PS).
No obstante de que el edil junto con algunos regidores aseguraron que las declaraciones de la también representante legal de la comuna carecían de veracidad, la PGJE determinó que si existe intimidación y agresiones hacía la denunciante.
Por lo anterior solicitó a la SSC; “…realicen vigilancia constante y periódica al domicilio de Maribel Muñoz Ramírez …toda vez que se han impuesto como medidas de protección…la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos”
Además, la PGJE consideró necesario realizar “vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido” de manera permanente al domicilio de la síndica municipal, quien en días pasados denunció que su domicilio fue baleado por presuntos seguidores del edil quien se siente protegido por la dirigencia estatal de su partido político PS a cambio de espacios laborales para el mismo.
El Agente del Ministerio Público ordenó también, brindar de manera inmediata; “auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la victima u ofendida en el momento de solicitarlo”.
Lo anterior se dio después de que la síndica municipal denunció agresiones físicas, verbales, económicas y de género provocadas por el alcalde Alfredo Valencia Muñoz, y de integrantes del cabildo, por no ceder a las imposiciones y avalar presuntos actos de corrupción en los que está inmerso el Ayuntamiento.
