Raúl Contreras Flores
Ante una acusación que se pensaba estaba superada o en vías de ser un caso cerrado en la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), apenas el pasado 28 de junio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso otras dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de dos instituciones de educación superior por el presunto desvío millonario de recursos públicos a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.
Las recientes demandas son en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, en el estado de Tabasco, y la UPT.
A pesar de que la actual administración de la Politécnica, encabezada por Enrique Padilla Sánchez, insiste en que este asunto está debidamente aclarado y no le significa problema alguno, la ASF procedió a interponer las denuncias tras detectar numerosas irregularidades en los convenios que las dos instituciones firmaron con la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) en los ejercicios fiscales 2016 y 2017, siendo Rosario Robles la titular de esa dependencia federal.
De acuerdo con la investigación hecha por la propia Auditoría, ambas instituciones recibieron 356 millones de pesos para que le prestaran a la Sedatu una serie de servicios.
En el reportaje publicado en la página web de Animal Político, se dice que estos planteles de educación superior entregaron la mayor parte de ese dinero a empresas fantasma, o bien, encontrarse éstas en situación irregular, provocando un presunto daño al erario que ahora tendrá que investigar la Fiscalía para llevarlo ante (la) justicia. (https://www.animalpolitico.com/2019/06/estafa-maestra-auditoria-denuncia-universidades-desvios/)
Con la reciente denuncia penal interpuesta por la ASF, se puede inferir que hasta antes del 28 de junio del año en curso no existía ningún proceso judicial en contra de la UPT, no obstante que desde el pasado mes de marzo se hicieron señalamientos en el sentido de que ésta tendría que devolver más de 178 millones de pesos, luego de que la Auditoría detectara que la universidad formó parte de La Estafa Maestra orquestada desde la extinta Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu, con Rosario Robles Berlanga al frente de ambas secretarías.
En su momento, el ex rector de la UPT Narciso Xicohténcatl Rojas se deslindó de este asunto, argumentando que la universidad sólo sirvió como puente entre la Sedatu y las supuestas empresas fantasma, para realizar su contratación y la transferencia de los pagos por los trabajos efectuados, por lo que la Politécnica no brindó ningún tipo de prestación de servicios que implicara cumplir con los objetivos contemplados en cada uno de los convenios de colaboración signados.
Según información publicada en el portal digital e-consulta, fueron tres contratos los que se firmaron, el día 22 de septiembre y los días 12 y 25 de octubre de 2016 -justo a un par de meses de que concluyera el mandato de Mariano González Zarur-, donde se llevaron a cabo los acuerdos en los que ahora la ASF señala hubo daño patrimonial al erario. (http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2019-03-01/educacion/estafa-maestra-salpica-al-sobrino-de-beatriz-paredes)
Asimismo, Xicohténcatl Rojas habría afirmado que la UPT no elaboró ningún documento y que todo fue cocinado desde la Sedatu, donde Rosario Robles precisó a las empresas los trabajos a realizar, bajo la justificación de que debían ser especialistas los que llevaran a cabo esos servicios.
Las últimas dos denuncias penales se sumaron a las 30 presentadas entre 2014 y octubre de 2018, relacionadas con La Estafa Maestra por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos.
Dice Animal Político en su página web: En todos los casos, el sistema de desvío es siempre el mismo: una dependencia de gobierno hace convenios con universidades o sistemas de radio para hacer supuestos servicios. Éstos, a su vez, subcontratan a empresas que resultan ser fantasma, y, por tanto, el dinero desaparece. Y esto ocurre por el uso de la excepción del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permite hacer convenios entre entes públicos sin necesidad de pasar por una licitación pública.
Y, en el caso de la UPT, señala que ésta firmó entre 2016 y 2017 nueve convenios de colaboración con la Sedatu, que le pagó 188 millones 634 mil pesos a cambio de una serie de servicios, como llevar a cabo el Programa de educación cívica para el desarrollo y aprovechamiento de espacios públicos en los estados de Puebla y Tlaxcala, o el servicio integral para el diagnóstico y construcción del Programa Vivienda para Prosperar y sus alternativas.
Destaca también que en una auditoría forense –número 1611-DS-, la Auditoría detectó que la Politécnica no prestó ningún servicio y su función fue únicamente transferir recursos a los proveedores que instruyó la Sedatu sin que éstos le prestaran los servicios objeto del convenio.
Otra irregularidad señalada se refiere a que una de las empresas subcontratadas por la Universidad entregó supuestos comprobantes de servicios que no guardan ninguna relación con el objeto del primer convenio, por lo tanto, dice la Auditoría, se presume que la Universidad distrajo recursos de manera indebida.
Por otro lado, en el análisis de las cuentas bancarias, se detectó que la institución educativa pagó indebidamente a una persona moral de las subcontratadas que no guardan ninguna relación con los convenios específicos firmados con Sedatu, aunado a que dos personas morales más a quienes se les realizó pagos por supuestos servicios, no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, concluye el reportaje de Animal Político.
A este delicado asunto se suma el señalamiento hecho hace unos días a través del portal digital Agenda Tlaxcala, referente a que de acuerdo con el Reglamento Interior de la UPT, Enrique Padilla Sánchez no reúne los requisitos para ocupar el cargo de rector, ya que la persona que ocupe esa responsabilidad debe tener grado de maestría y, preferentemente, poseer grado de doctor. En este caso, Padilla Sánchez sólo tiene grado de licenciatura, cuya cédula profesional le fue expedida en el presente año, en tanto que el cargo de rector lo asumió desde el mes de noviembre del año pasado, por lo tanto, incumple con lo estipulado en el citado Reglamento. (https://www.agendatlaxcala.com/2019/tlaxcala-capital/imposibilitado-padilla-para-ser-rector-de-upt-no-cubre-perfil)
En la nota firmada por Carmen González, dice que el artículo 24 establece, entre otros requisitos, que el rector debe poseer grado mínimo de maestría, preferentemente doctorado en alguna de las áreas del conocimiento cultivadas por la universidad que son ingenierías; contar con reconocidos méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en la dirección de programas académicos; así como ser una persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio profesional.
Sin embargo, la actividad principal desempeñada por el actual rector de la UPT, es la de un político que ha sido severamente cuestionado en su desempeño como representante popular, tanto en el ámbito local como federal; además de haber transitado por algunos cargos burocráticos, alejados de la academia y de temas que tienen que ver con las ciencias exactas y la tecnología.
Sin duda, su mayor fortaleza radica en el presunto parentesco que lo liga a la ex gobernadora y actual Senadora Beatriz Paredes Rangel, por lo que se descarta sea removido de su cargo, a pesar de incumplir con el citado Reglamento Interior de la UPT.
Un tercer tema relacionado con la problemática por la que atraviesa esta institución tiene que ver con la opacidad con la que ha venido actuando la polémica comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Marlene Alonso Meneses, en relación al presunto fraude millonario en el que habría incurrido la UPT en perjuicio del Corporativo Elvan de México, S.A. de C.V.
Y, es que la autoridad federal concedió un amparo a Lilia Vásquez Juárez, representante legal del citado Corporativo, en contra de la ponencia tres de Transparencia que encabeza la comisionada Marlene Alonso Meneses, ante la omisión de resolución dentro del recurso de revisión número 24/2018-P3 admitido en fecha 9 de febrero del 2018, transcurriendo más de 298 días hábiles, según la nota aparecida en el portal Ahora Infórmate suscrita por Roberto Nava. (https://ahorainformat.com/2019/06/27/justicia-federal-interviene-en-el-caso-iaip-por-encubrir-corrupcion-en-la-upt-va-por-marlene-alonso-y-secuaces/)
Vásquez Juárez agrega que la omisión de Marlene Alonso al negarse a proporcionar la información relacionada al acto reclamado ha violentado en mi perjuicio el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala que establece que, resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de treinta días contados partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de 20 días.
Otro acto reclamado a la ponencia tres del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es el silencio administrativo por la omisión a pronunciarse respecto a la petición interpuesta en oficialía de partes de dicho instituto el 7 de marzo del año en curso.
Además de que: “…también se reclama la omisión de pasar a resolución el expediente 24/2018-P3 violentando el plazo señalado por el artículo 142 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, que estipula cinco días una vez decretado el cierre de instrucción, mismo que tuvo lugar en fecha el 23 de octubre de 2018, habiendo transcurrido 119 días hábiles”.
Un punto más en contra de la comisionada Marlene Alonso se refiere a que Lilia Vásquez solicitó copia del documento de entrega-recepción del Monitor Signos Vitales, pagado para su fabricación por la empresa Corporativo Elvan de México S.A de C.V, amparado con la factura No. 160 de fecha 30 de Septiembre del 2013, expedida por la Universidad Politécnica de Tlaxcala por la cantidad de 3 millones 124 mil 680 pesos, y a la fecha no ha recibido tal documento.
Derivado de este presunto ilícito, el ex rector de la UPT Narciso Xicohtencatl fue recluido en el Cereso por unas horas, y, tras pagar la fianza establecida por la autoridad correspondiente pudo salir de la cárcel.
Por lo anteriormente descrito la justicia federal concedió el amparo, mismo que fue incluido en la demanda de juicio político que Lilia Vásquez promovió ante el Congreso del Estado en contra de la comisionada Marlene Alonso Meneses, en donde se espera que en los próximos días se dé cumplimiento a tal petición.
Este asunto cobra mayor relevancia porque a la multicitada comisionada se le identifica como una de las principales operadoras políticas del rector de la UPT Enrique Padilla Sánchez, de ahí que el panorama académico y laboral de la institución, ante esta serie de conflictos, tienda a caer en una inestabilidad que a nadie conviene.
Queda pendiente tratar el asunto del presunto acoso sexual sufrido por los estudiantes que, al parecer, no ha podido ser abatido, mucho menos erradicado, por parte de Padilla Sánchez.
