Después de que la síndica municipal de Quilehtla María Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, acuso al alcalde Oscar Pérez Rojas de misógino y represor, el Congreso local ha hecho mutis ya que en el caso de la comisión de asuntos municipales ha permanecido callada junto con la de equidad de género.
Y es que la representante legal de la comuna denunció que el alcalde la ha frenado en la realización de su trabajo que conforme a la Ley municipal tiene que llevar a cabo y como medida de presión además de que la censura en sus comentarios le ha suspendido su salario.
A través de un escrito que hizo llegar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local Nahúm Atonal Ortiz, así como al Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local Alberto Amaro Corona, diputados integrantes de la misma, a la titular del OFS María Isabel Maldonado Textle, precisa como han sido violentados sus derechos.
No obstante de que es una situación que no es nueva el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales José Martin Rivera Barrios junto con la de Igualdad de Género que preside la pripanista Guadalupe Sánchez Santiago y la de Derechos Humanos que preside la ex petista y neo panista Dulce Mastranzo Corona, han hecho mutis al respecto.
En el escrito detalló la forma arbitraria, grotesca y machista con que se desempeña Oscar Pérez; “…el presidente municipal se ha conducido de manera prepotente, discriminativa y misógina conmigo por ser mujer y como síndico municipal se ha dado la tarea de ejercer hostigamiento laboral, bloquear mi labor y trabajo”, precisa en el documento.
Agregó que el gandalla alcalde no le permite tener acceso a la cuenta pública del municipio a pesar de que la Ley Municipal estipula que debe ser revisada y firmada por ella como síndico municipal
Denunció además, que el alcalde no le dota de elementos técnicos ni permite que sea ella la que proponga el ingreso de personal capacitado para el desempeño de sus funciones que ampara el artículo 42 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
En contraste, lamentó que como medida de presión el presidente municipal le haya suspendido su salario en repetidas ocasiones, “la primera quincena del pasado mes de febrero y la primera quincena del pasado mes de abril”, precisa en su escrito.
El documento también fue enviado a la secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela y a la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tlaxcala (CEDH) María Angélica Temoltzin Durante, para su intervención.