La Prensa de Tlaxcala
Lo que ocurre en el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc es una tragedia judicial que raya en la burla. La protagonista de esta pesadilla legal es la jueza Dora María García Espejel, quien ha demostrado ser, por decir lo menos, negligente, torpe, desinformada y peligrosa para el bienestar de la niñez tlaxcalteca. Bajo su mando, los derechos de una madre y de su hijo han sido pisoteados con una impunidad indignante.
Pamela N, madre del menor de iniciales J.A.M.G., ha sido víctima de un aparato judicial insensible, encabezado por una funcionaria que parece estar más preocupada por pasar la hora que por resolver con seriedad los casos que le llegan a su escritorio. Y es que, a pesar de las evidencias, de los estudios psicológicos, de las convivencias supervisadas que muestran un vínculo sano y amoroso entre madre e hijo, la jueza simplemente se NIEGA a otorgar siquiera una custodia provisional.
El colmo llegó el pasado 8 de abril de 2025, cuando por segunda ocasión la jueza convocó a una junta familiar supuestamente para resolver sobre la custodia del menor. ¿El resultado? Otro show judicial donde se “hizo la chistosa”, evadió su responsabilidad y volvió a dejar al menor bajo el cuidado de la abuela paterna, una mujer de 67 años que abiertamente dijo que “ya se encariñó con su nieto”.
El papá del menor, José Antonio N., no vive en Tlaxcala. Trabaja en Ensenada, Baja California, y solo “visita” una vez al mes a su hijo. No ha solicitado la custodia, y aún y cuando lo hiciera no podría otorgarse esta, porque el señor de la treinta días del mes, solo podría cuidarlo y atenderlo uno, y por ello no cumple con los requisitos básicos. Vive de arrimado, según él, en la misma casa de sus padres. Pero eso no le impidió presentarse a la junta, sin ser siquiera identificado formalmente en el expediente, y opinar alegremente que quiere que sus padres se queden con la custodia. ¡Como si la madre no existiera! ¡Como si la patria potestad le perteneciera al que más grita o al que tiene menos tiempo tiene !
La jueza ni siquiera se tomó la molestia de cuestionar a fondo a este sujeto. No pidió pruebas, no exigió documentos, no investigó. Solo lo escuchó y, con una palmada simbólica en la espalda, decidió ignorar a la madre y los derechos fundamentales del niño. ¿Qué clase de “criterio judicial” es ese?
Pero el desastre no termina ahí. Durante la misma audiencia, ni la jueza ni su secretario, el flamante César Cuapantecatl Contreras, consideraron necesario solicitar la opinión del Ministerio Público Adscrito Licenciado Ernesto Juarez Zamora, quien solo estuvo presente como un mueble, sin que nada significativo aportara, ese “Representante Social”, lo que ya se hizo del conocimiento a la Fiscal General de Justicia del Estado, a través de la Visitaduria, la psicóloga adscrita. ¡Estaban ahí! ¡Asistieron a la junta! Pero, ¿para qué usarlos, verdad? Total, lo importante era llenar papeles, simular que se está “trabajando” y salir temprano a comer.
Todo esto mientras los informes psicológicos concluyen que la convivencia entre madre e hijo es afectiva, sana, sin riesgos. Los reportes de trabajo social indican que Pamela cuenta con vivienda, trabajo estable, salud física y emocional, y una red de apoyo sólida. Nada de eso le importó a la jueza, quien prefiere seguir jugando a la justicia selectiva, ignorando hechos y pisoteando derechos.
Lo que aquí ocurre no es solo una omisión judicial. Es una agresión institucional. Es violencia de género desde el Poder Judicial. Es una afrenta contra el principio de interés superior del menor. Y es, también, una clara violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues la funcionaria pública y su secretario han incurrido en al menos tres faltas graves: negligencia, falta de profesionalismo y omisión de sus deberes.
Tlaxcala no merece este tipo de jueces. Las familias no merecen esta burla sistemática. Y los niños mucho menos merecen ser usados como piezas de un juego legal viciado, sin corazón ni justicia. Hoy, la jueza Dora María García Espejel representa lo peor de un sistema que se suponía debía proteger a los más vulnerables. Hoy, su nombre queda manchado por su propio descuido y soberbia.
Exigimos la inmediata intervención del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, la revisión del expediente, la destitución de la jueza Dora María García Espejel y sanciones administrativas ejemplares contra quienes resulten responsables. Porque lo que está en juego no es un trámite: es la vida y el bienestar de un niño. Y eso, señores del Poder Judicial, no se negocia.
