Brissa Montero
•. El ex consejero jurídico del Gobierno de Lorena Cuéllar, informa ilegalmente al Congreso Local, sobre una supuesta suspensión.
En un acto violatorio, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, envió al Congreso Local una supuesta suspensión de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en un acto totalmente deliberado.
Y es que no hay ninguna disposición legal que lo faculte para poder realizar ese mismo acto, derivado de que la misma juez tiene un suspensión provisional concedida dentro de los autos del Juicio de Amparo 398/2025, del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial Federal en el estado.
En la misma suspensión ordenó al Consejero Miguel Sánchez Ramírez, que dejara sin efecto legal alguno esa suspensión temporal, por ser un acto arbitrario y que va en contra de sus derechos humanos de la misma Juez.
Según, Sánchez Ramírez solamente lo firmó de manera unilateral sin ninguna facultad, porque la comisión disciplinaria a la que pertenece tal abogado está integrada por un presidente, un secretario y un vocal,
Siendo él mismo quien únicamente la firmó. Cómo se recordará Pérez Rodríguez, está en un proceso de jueces y magistrados, constituyendo esta acción en un acto de violencia política en razón de género, porque la misma juez encabeza las encuestas.
Por tanto, el Consejo de la Judicatura cometió un delito al dar a conocer información al Congreso del Estado, teniéndose como reservada, y que desde el día 28 de marzo de 2025 la autoridad federal ordenó que la restituyeran en el cargo, aspecto que no se ha cumplido.
Esto constituye un acto violatorio a la Ley de Amparo en sus artículos 261 y 262 que dice que la autoridad que no respete la decisión de un juzgado federal se hará acreedor a sanciones.
Con dicha acción calificada por la Justicia Federal como arbitraria, Sánchez Ramírez, vulnera el principio de presunción de inocencia al hacerle ver culpable de una conducta que aún no se resuelve.
