Raúl Contreras Flores
La mayoría de diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, conformadas por legisladores de las bancadas morenista y partidos aliados, “determinaron no acompañar la solicitud formulada en el expediente LXV 106/2024”, tal como lo cita el boletín del Congreso local.
Dicho expediente se refiere a la iniciativa con proyecto de acuerdo presentada por la diputada perredista, Laura Yamili Flores Lozano, mediante la cual se solicita la comparecencia ante el pleno del Congreso de la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldan, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo.
Los argumentos de tal solicitud son más que obvios, al encontrarse la entidad tlaxcalteca prácticamente en manos de grupos criminales, cuyas actividades ilícitas han permeado y provocado severos daños en los diferentes sectores sociales, económicos y productivos. Las estadísticas reales no mienten, baste revisar la información que a diario se publica en diferentes medios, aunque ésta incomode y pretenda ser silenciada por la mandataria neomorenista.
Frente a semejante situación, la comparecencia de ambos funcionarios era más que necesaria, en donde, con toda seguridad, sólo iban a ser duramente cuestionados por las diputadas del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), es decir, la misma Laura Yamili Flores Lozano y Blanca Águila Lima, con el único propósito de que se conocieran desde la “máxima tribuna del pueblo”, las causas por las cuales la seguridad pública y la impartición de justicia en Tlaxcala son un estrepitoso fracaso. Asimismo, se iba a tener la oportunidad de que el pueblo tlaxcalteca hubiera conocido en dónde y cómo se han distribuido los más de ocho mil millones de pesos que, de acuerdo a la gobernadora Lorena Cuéllar, se han invertido en materia de seguridad pública. Por cierto, una de las mayores inversiones –o gasto, según se le quiera ver-, hechas en el país.
En tanto que, los morenistas y aliados sólo iban a seguir el guion escrito desde los sótanos del Palacio de Gobierno y repetir hasta el aburrimiento que Tlaxcala es el estado “más seguro” de México, casi el “paraíso”, aunque la realidad demuestre cada día la incesante inseguridad que se vive en todos sus rincones. Violencia e inseguridad que, por supuesto, no penetra en las 10 camionetas súper blindadas puestas al servicio del poder.
Hasta este momento, ninguno de los siete titulares que ha tenido la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el gobierno lorenista ha podido entregar buenos resultados, de lo contrario, éstos hubieran sido expuestos en la comparecencia solicitada y haber recibido el reconocimiento de la ciudadanía. Pero, lamentablemente no es así. Mientras que, a la ex Procuraduría General de Justicia, con todo y sus vicios y virtudes, más los primeros que las segundas, de un momento a otro la transformaron en una ineficaz e ineficiente “Fiscalía”.
Y no es que se considere a las legisladoras del Sol Azteca como adalides ejemplares de la transparencia y la democracia, no, simplemente reconocer que han hecho eco de las demandas urgentes de la ciudadanía, como lo son el mejorar la actuación de la fuerza pública y la impartición de justicia para enfrentar y detener la espiral de violencia. Es decir, que han actuado de manera congruente con su responsabilidad como representantes populares en el Congreso del estado.
No, en este caso no “perdieron” las diputadas perredistas, perdió el pueblo de Tlaxcala, ante el golpe asestado por los legisladores morenistas y aliados, más preocupados por entregar buenas cuentas a la mandataria estatal -su “jefa” real-, que por rendir buenos resultados a quienes les depositaron su confianza a través del voto, aunque algunos de éstos simplemente llegaron por la vía plurinominal.
