Raúl Contreras Flores
El día de ayer fueron publicados en las redes sociales sendos comunicados, uno por parte de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), en el que “condenan los lamentables hechos” ocurridos en el municipio de San Lucas Tecopilco, referentes a la presunta “intimidación” ordenada por la presidenta municipal, Guadalupe García Cervantes, en contra de Víctor Antonio Rodríguez Carrasco, director de “El Diario de Tlaxcala”, y otra periodista.
De acuerdo al comunicado, Rodríguez Carrasco habría acudido a entrevistar a la citada alcaldesa; sin embargo, a una “señal” de ésta, presumiblemente el secretario del ayuntamiento, junto con “regidores y otras personas” les pidieron a los dos periodistas que se retiraran del lugar “para evitar que se hiciera presente la fuerza pública”.
Horas más tarde, en respuesta a estos señalamientos, el ayuntamiento de San Lucas Tecopilco publicó en su portal digital que “rechaza categóricamente las acusaciones vertidas en el comunicado de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET)”. “Dicho señalamiento carece de fundamento y desvirtúa los hechos ocurridos”.
En su comunicado mencionan que la presidenta se encontraba como “espectadora” en un evento escolar, por lo que no podía atender en ese momento a la prensa, no obstante, “solicitó esperar a la conclusión del acto para poder brindar declaraciones en un espacio adecuado”.
Afirman que “existen imágenes que evidencian que el reportero Víctor N. intentó insistente y físicamente que la presidenta abandonara su lugar para una entrevista inmediata. Ante la negativa de interrumpir el evento, el comunicador respondió con amenazas veladas, asegurando que ‘la acusaría’, sin especificar ante quién”.
El siguiente párrafo es muy delicado y comprometedor para ambas partes, por lo que hay que ponerle la debida atención, dice: “Es importante señalar que este Ayuntamiento ha sido objeto de acoso y extorsión por parte del mencionado reportero, quien ha solicitado un convenio de publicidad por la cantidad de 18 mil pesos mensuales, una cifra desproporcionada e inalcanzable para un municipio con recursos limitados y con múltiples compromisos financieros”.
Y anuncian que “emprenderemos las acciones legales correspondientes para denunciar la extorsión y el acoso por parte de este comunicador”.
Sin duda, un asunto en extremo espinoso para ambas partes que debe llevarse, sin dilación alguna, ante las autoridades competentes. Acusaciones muy graves que deben esclarecerse a la brevedad.
Un conflicto que debe dejar por lo menos dos lecciones, independientemente del resolutivo judicial que se determine en este caso: Una, la oportunidad de denunciar que tienen los funcionarios públicos o políticos que enfrenten situaciones de acoso, intimidación o extorsión por parte de miembros del gremio de periodistas, la depuración es vital; Dos, hacer uso de la libertad de expresión y de la libre manifestación de las ideas para denunciar pública y legalmente los excesos en los que incurren funcionarios públicos de los diferentes poderes y órdenes de gobierno.
Mediante este equilibrio es como se podría recuperar la dignidad, el respeto y la credibilidad en los medios de comunicación, recuperar lo que alguna vez llegó a ser considerado el Cuarto Poder, al servicio de la sociedad y no sometido a los otros poderes.
Sólo que ahora desde abajo, con las nuevas generaciones, haciendo a un lado a las grandes corporaciones periodísticas que cada día se desmoronan más y más.
