Pobladores del municipio de Panotla solicitaron al Congreso del Estado que informe el estatus que guarda el daño patrimonial que dejaron los últimos tres alcaldes en esa demarcación ya que a casi diez años de distancia la suma que asciende casi a 167 millones de pesos, no se sabe cual ha sido su destino y tampoco se sabe sobre el proceso penal y administrativo contra los ex funcionarios municipales.
En el documento que fue enviado a los Diputados integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, que preside Bladimir Zainos Flores, pidieron saber el proceso que guarda el seguimiento legal en contra de tres ex alcaldes.
“…solicitamos se nos informe los trámites legales que han emprendido en correlación con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, respecto a las administraciones trascendidas en el Municipio de Panotla durante los años dos mil catorce al dos mil veintitrés”
Y es que el daño patrimonial después de que les fueron reprobadas sus cuentas públicas suman ya cerca de 167 millones de pesos que no han sido reintegrados a las arcas municipales.
“…de acuerdo con los informes de resultados y pliegos de observaciones no solventados por las administraciones antes citadas, asciende a un total de $166, 981, 007.77 (CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SIETE PESOS 77/100 M.N.), que deben de ser reintegrados a las cuentas del Municipio de Panotla, Tlaxcala”.
En el documento recibido en el Poder Legislativo, señalaron que la administración 2014-2016 que encabezó Saúl Cano Hernández, provocó un daño patrimonial de $10,708,023.77 (diez millones setecientos ocho mil veintitrés pesos 77/100 M.N.)
Para el caso del perredista Eymar Grande Sánchez quien gobernó del 2017 al 2021 el daño patrimonial es de $143, 416,788.99 (ciento cuarenta y tres millones cuatrocientos dieciséis mil setecientos ochenta y ocho pesos 99/100 M.N.).
Mientras que en el caso de la morenista Felicitas Vázquez Islas quien estuvo al frente de la alcaldía del 2021 al 2023 quedó a deber $12, 856, 195.24 (doce millones ochocientos cincuenta y seis mil ciento noventa y cinco pesos 24/100 M.N.).
Los inconformes lamentaron que a casi una década de distancia los ex alcaldes sean protegidos por el Poder Legislativo; “no se tiene información del estatus en que se encuentran dichas observaciones y si algún funcionario ha sido sancionado de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
En consecuencia, pidieron; “acordar lo conducente respecto a la solicitud que en virtud del presente escrito ponemos de su conocimiento…y en el supuesto jurídico que nuestra solicitud sea negada, solicitamos a Ustedes que de conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, funden y motiven las razones suficientes por las cuales no se nos proporciona respuesta favorable a nuestra pretensión”
