La activista Carolina García Zavala pidió por enésima ocasión al Gobierno del Estado de Tlaxcala, frene la persecución que vive desde hace varios años, en un proceso familiar en el que los inmiscuidos son protegidos por la mandataria estatal ya que tienen un vínculo directo y están inmersas diversas dependencias del Gobierno del Estado.
De acuerdo a la información que la denunciante hizo llegar a través de un amplio comunicado, refirió que en ese proceso han detectado una marcada corrupción en el proceso, además de “negligencias y violaciones a los derechos humanos por el Gobierno del Estado”.
Molesta por las irregularidades que se ha encontrado en su peregrinar con la justicia en Tlaxcala debido al manipuleo del proceso, dijo que ya “Basta de injusticias y abusos en Tlaxcala”, después de que las medidas como la prisión preventiva hacía su familiar Javier “N” han sido arbitrarias, abusivas y desproporcionadas.
Aquí el comunicado completo.
La familia Zavala-Villegas denuncia públicamente las graves irregularidades, omisiones y actos de represión llevados a cabo por las instituciones judiciales de Tlaxcala, encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), bajo la dirección de Ernestina Carro Roldán, y el evidente encubrimiento de María Guadalupe Montiel del Valle, Ministerio Público a cargo de las investigaciones. Exigimos justicia, transparencia y el cese inmediato de las arbitrariedades que han implicado un indebido proceso y violaciones a los derechos humanos de nuestra familia.
- UN SISTEMA DE JUSTICIA MANIPULADO: VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO
Desde 2021, este caso ha sido manejado con negligencia y corrupción:
- Carpeta de investigación 1058/2021: En este expediente, Luis Javier Zavala Villegas acusó a Marcela Villegas Narváez de sustracción de menores. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de irregularidades, como la fabricación de pruebas, lo que ha comprometido la legitimidad de la investigación.
- Carpeta de investigación 05/2024: La denuncia presentada por Luis Javier Zavala Villegas respecto a negligencia y maltrato infantil hacia las menores L.Z.V. y M.J.Z.V. fue ignorada sistemáticamente, dejando a las menores en una situación de extrema vulnerabilidad.
Las irregularidades alcanzaron un nuevo nivel cuando la Fiscalía decidió cambiar al Ministerio Público encargado, abandonando el principio de objetividad. Esta maniobra tiene como objetivo encubrir la incompetencia inicial y forzar culpables donde no los hay, violando flagrantemente el derecho al debido proceso.
- PRISIÓN PREVENTIVA: UNA MEDIDA ABUSIVA Y DESPROPORCIONADA
Actualmente, la familia Zavala-Villegas enfrenta la privación de libertad sin pruebas suficientes:
- Michelle Zavala Villegas y Rosana Angélica Villegas Cervantes han estado detenidas desde junio de 2024, en condiciones inhumanas y sin garantías procesales adecuadas. La detención es arbitraria y vulnera sus derechos fundamentales.
- Luis Javier Zavala Villegas, padre de las menores, fue detenido arbitrariamente en agosto de 2024, como represalia por haber denunciado abuso y violencia contra sus hijas. Esta detención carece de pruebas y parece ser una forma de castigo anticipado.
¿Dónde queda la presunción de inocencia? Estas detenciones, basadas en acusaciones débiles, son una forma de castigo anticipado, demostrando el abuso del sistema judicial como herramienta de persecución.
- NEGLIGENCIA CRIMINAL CONTRA UNA MUJER DE LA TERCERA EDAD
La situación de Rosana Angélica Villegas Cervantes, de 63 años, es especialmente alarmante. A pesar de sufrir graves problemas de salud, como sangrado en los senos y una infección renal, no ha recibido atención médica adecuada en prisión. Esta omisión no solo pone en peligro su vida, sino que representa una grave violación a sus derechos humanos.
- INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO CONTINUO
Desde el inicio de este conflicto, la familia ha sido objeto de diversos actos de intimidación y hostigamiento:
- Robo y saqueo: La vivienda familiar de Carolina García Zavala ha sido objeto de robos repetidos sin que las autoridades investiguen o tomen acciones concretas al respecto.
- Amenazas directas: Los miembros de la familia han recibido constantes amenazas telefónicas y actos de vandalismo en su propiedad, además de daños en vehículos y propiedades.
- Hostigamiento hacia negocios familiares: Los negocios de Eleana Sánchez Zavala también han sido blanco de hostigamiento constante, afectando su estabilidad económica y su integridad.
Estas acciones representan una violación de los derechos humanos fundamentales de los miembros de la familia Zavala-Villegas y muestran un claro intento de intimidación y represión.
- INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES POLÍTICOS Y ABUSO DE INFLUENCIA
Este caso pone en evidencia el tráfico de influencias y la corrupción dentro del sistema judicial de Tlaxcala, con la participación activa de varios actores políticos y judiciales en la obstrucción de la justicia:
- Aurora Villeda Temoltzin, Diputada Local del Congreso del Estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, y Anel Bañuelos, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia , han intervenido para proteger a Marcela Villegas Narváez, utilizando su poder político para bloquear las investigaciones pertinentes y presionar a las autoridades judiciales. Esta intervención vulnera el principio de independencia judicial consagrado en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la autonomía de los órganos judiciales.
- Además, el Juez Alfonso Gonzalez del juzgado 2 en Apizaco ha actuado en complicidad con estas influencias externas, tomando decisiones que favorecen indebidamente a los involucrados en el caso, contraviniendo el principio de imparcialidad establecido en el artículo 17 de la Constitución, que garantiza el acceso a la justicia sin discriminación ni parcialidad.
Estas acciones de abuso de poder no solo afectan la imparcialidad del proceso, sino que también perpetúan la impunidad, afectando directamente el derecho de la familia Zavala-Villegas a obtener justicia en un marco de legalidad y transparencia.
EXIGENCIAS URGENTES DE LA FAMILIA ZAVALA-VILLEGAS
- Liberación inmediata de Luis Javier Zavala Villegas, Michelle Zavala Villegas y Rosana Angélica Villegas Cervantes, quienes enfrentan un proceso judicial lleno de irregularidades y sin pruebas que justifiquen su detención.
- Investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de negligencia y maltrato infantil contra Marcela Villegas Narváez.
- Atención médica urgente para Rosana Angélica Villegas Cervantes, quien se encuentra en grave estado de salud.
- Sanción a los funcionarios responsables de las violaciones al debido proceso, incluida María Guadalupe Montiel del Valle, por su participación en este acto de injusticia.
La familia Zavala-Villegas hace un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que intervengan y garanticen el respeto a los derechos humanos fundamentales de los miembros de la familia.
ARGUMENTOS JURÍDICOS PARA SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
A continuación, se presentan los argumentos legales que sustentan la solicitud de medidas cautelares menos gravosas:
- Ausencia de riesgo objetivo y específico: No existen pruebas claras ni suficientes que acrediten que los detenidos representen un peligro real para las menores involucradas.
- Principio de presunción de inocencia: La detención preventiva, sin pruebas suficientes, vulnera este principio consagrado en la Constitución, ya que no debe imponerse un castigo anticipado sin que haya una condena firme.
- Compatibilidad con los derechos humanos: Las medidas cautelares deben ser proporcionales y no deben utilizarse como una forma de castigo anticipado, lo que contraviene los derechos de los acusados.
CONCLUSIÓN
La familia Zavala-Villegas exige justicia inmediata frente a las violaciones sistemáticas a sus derechos, el abuso del sistema judicial y la corrupción que ha imperado en este caso. Exigimos la liberación de los injustamente detenidos, la investigación de las denuncias de abuso y negligencia, y una respuesta efectiva por parte de las autoridades nacionales y estatales para poner fin a los abusos de poder en Tlaxcala. ¡NO MÁS INJUSTICIAS!
