Por: Raúl Contreras Flores
- La malograda réplica de la “Ley Ingrid” propuesta por la diputada morenista Lorena Ruiz García
(Tercera y última parte)
A pesar de que reformas legislativas, conocidas como “Ley Ingrid”, ya fueron publicadas en los órganos oficiales de varios estados del país, y en otros ya se presentaron iniciativas para sancionar las violentadoras conductas citadas con anterioridad, la Comisión de Derechos Humanos de Colima (CDHC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “Acciones de Inconstitucionalidad por considerar que la adición al artículo 240 BIS del Código Penal para el Estado de Colima, vulnera la libertad de expresión de la prensa en relación con la cobertura informativa de actos de violencia y el ejercicio libre de su profesión al criminalizar a los reporteros, comunicadores y fotógrafos…”. (https://ordenjuridico.gob.mx/violenciage…/LEY%20INGRID.pdf)
En respuesta, el máximo tribunal de justicia invalidó la adición de dicho artículo “al considerar que resultaba violatorio del principio de legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad, por no ser claro o inteligible para su destinatario, sino, por el contrario, vago e impreciso”. (https://www.internet2.scjn.gob.mx/…/comu…/noticia.asp…)
De regreso al caso de Tlaxcala. Ante la fuerte presión de periodistas, comunicadores, activistas sociales y el creciente repudio ciudadano, la diputada Lorena Ruiz García presentó el pasado 20 de enero ante la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el oficio LRG/003/2025, en el que expresa su voluntad de desistirse del proceso legislativo referente a la iniciativa que apenas hacía cuatro días atrás había presentado. Es decir, que su propuesta de reforma y adición del artículo 187 BIS al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala quedaba desechada. A manera de justificación la legisladora expresaba su “estricto respeto a la libertad de expresión”, además de que la iniciativa propuesta “no cuenta con el soporte de un marco normativo vigente que ampare todos sus contenidos”.
Días después, en entrevista colectiva sostenida con diferentes medios en pasillos del Palacio Legislativo, los diputados Ever Alejandro Campech Avelar (Morena), Jaciel González Herrera (PVEM) y la diputada Reyna Flor Báez Lozano (FxMT), presidente e integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, respectivamente, exhibieron su desconocimiento y poco interés en lo que realmente se persigue con la llamada “Ley Ingrid”. En sus respuestas sólo se limitaron, implícitamente, a descalificar e inculpar a Lorena Ruiz por haber presentado “semejante” iniciativa, la cual, reconocen, había sido ingresada desde el 10 de octubre de 2024, cuando la legisladora aún formaba parte de la bancada del Partido Nueva Alianza Tlaxcala (Panalt). Esto significa que conocían perfectamente su contenido y no tuvieron la capacidad o interés de sugerirle a su par que analizara a fondo su iniciativa antes de “subirla” a tribuna donde, finalmente, fue exhibida y crucifijada la diputada neomorenista. Esto porque su aberrante propuesta –estructurada con retacería a base de copy/paste- fue mezclada con la insondable situación penal que hasta la fecha enfrenta “el papá de sus hijos”. Confusión, ignorancia e incapacidad que derivó en su linchamiento mediático. Lamentablemente, las últimas legislaturas han quedado integradas en su mayoría por diputados inexpertos, sin trayectoria ni trabajo político, alejados del contacto con la base social, en suma, impreparados para desempeñar el cargo. Tal es el caso de la LXV Legislatura local, en donde las honrosas excepciones no alcanzan a contabilizar el número de dedos de la mano de un mono araña.
Haciendo a un lado las “buenas” o “malas” intenciones de la multicitada iniciativa, lo cierto es que hay un desconocimiento total de cómo abordar, eventualmente, la aprobación de una reforma legislativa en materia penal que desemboque en el espíritu, en la esencia de lo que se pretende sancionar mediante la llamada “Ley Ingrid”.
Debe reconocerse que algunos medios han hecho de la nota roja su principal fuente de “información”, aun a costa de la dignidad de las víctimas y sus familias, al revictimizarlas con publicaciones amarillistas, sensacionalistas, en donde importa más despertar el morbo y así aumentar su número de seguidores. En esta retrógrada actitud se presume la participación tanto de funcionarios públicos como de personas que intervienen en la cadena de atención, al filtrar imágenes de accidentes con víctimas mortales, homicidios dolosos o el encuentro de cadáveres, que casi de inmediato aparecen publicadas de manera “exclusiva” en esos medios.
Para #panorama21 es deseable que en Tlaxcala se replique la “Ley Ingrid”, con base en el debate, la confrontación de ideas con las partes involucradas, es decir, legisladores, periodistas, activistas sociales, colectivos de la sociedad civil y, sobre todo, escuchar la voz de las víctimas. Así como analizar a fondo las experiencias de otras entidades federativas, y, si fuera el caso, perfeccionar y adecuar esa ley a las circunstancias y necesidades del pueblo tlaxcalteca.
Es deseable también que cada uno de los diputados de la actual Legislatura asuman su propia responsabilidad en el cargo o comisión que les ha sido conferido, ya que el no leer ni prepararse para realizar sus labores legislativas también atenta contra los derechos humanos.