El PJF ordenó al Ministerio Público Federal investigar los graves casos de corrupción que imperan en el Gobierno de Lorena Cuéllar y han sido cuidados desde la SPF.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó que el Gobierno del Estado de Tlaxcala falseó información para brindar protección a una decena de funcionarios públicos y hasta de un diputado local inmersos en actos de corrupción de la Secretaría del Medio Ambiente y de la PROPAET con la desaparición de más de 50 expedientes y ordenó al Ministerio Público Federal (MPF) realizar la investigación.
De acuerdo al amparo otorgado al denunciante Luis Eliseo Arteaga Uribe, quien fuera separado de su cargo en la PROPAET y a la fecha sufre persecución por el Gobierno de Lorena Cuéllar por negarse a encubrir los actos de corrupción, el PJF le dio la razón, tras confirmar que en la administración estatal se protege a los corruptos.
Y es que en el informe que envió la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que fue signado por María Isabel Maldonado Textle al Poder Judicial en la recta final del 2024, se descubrió la mentira; “La falsedad expuesta en el informe rendido el 02 de diciembre del 2024”.
En el recurso que el denunciante presentó al Poder judicial, precisó que en informe presentado por la SFP fue alterado mañosamente para que no fueran descubiertos en esos actos delictivos, varios altos funcionarios del gabinete estatal en el que está inmerso el Diputado local por el distrito 13 Emilio de la Peña Aponte, quien recientemente renunció a su militancia en RSP para sumarse a MORENA con la inminente finalidad de gozar de impunidad.
“…Haberse servido de encubrir a funcionarios investigados…dentro del expediente EI 89/2023/DJ/AI-1 el cual fue abierto con motivo de las faltas cometidas por los DIRECTORES de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala ya que momentos después de que presente físicamente la denuncia…desde la SECERTARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO, alertó y/o le comunicó a los denunciados la interposición de esta…”
En la denuncia de hechos, Eliseo Arteaga puntualizó que los servidores públicos adscritos a la PROPAET; “…dichos servidores públicos procedieron hasta altas horas de la noche en corregir y ocultar los expedientes sobre los cuales había acusado irregularidades…”
Por lo anterior, el poder judicial determinó dejar sin efectos el informe presentado por María Isabel Maldonado Textle, mismo del que tuvo conocimiento la ex titular y actual Senadora suplente Eréndira Cova Brindis quien mañosamente lo encubrió por varios meses.
“El recurso de revisión contra la sentencia del veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro en la que se sobreseyó el amparo en el presente juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito”.
“…se ordena devolver a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, las documentales que anexó como apoyo a su informe justificado, consistente en copia auténtica certificada del expediente E.I. 89/2023/DJ/AI-1 de su índice, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, toda vez que el mismo se advertirá de la constancia de notificación del presente auto” detalla el resolutivo.
Por lo anterior, “…se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, con el original del escrito registrado con el número 378, así como con el diverso con registro 1193 , ambos con evidencia criptográfica del quejoso Luis Eliseo Arteaga Uribe, ello en atención a que aduce, la autoridad responsable Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, incurrió en posibles hechos constitutivos de delito en el juicio de amparo en que se actúa”.
Agregó el resolutivo judicial que; “…en el supuesto de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos del delito que aduce el quejoso se cometieron en su perjuicio, ésta deberá remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio, a la Fiscalía competente o en su caso se imponga del mismo para su debida integración”.
