Desistimiento de Diputada Lorena Ruíz es ilegal, por ignorancia de Jaciel González

El desistimiento de la Diputada Lorena Ruiz García para la no aprobación de la iniciativa de reforma al artículo 187 BIS del Código Penal en el Estado de Tlaxcala, carece de legalidad ya que deberá ser mediante un dictamen que emita la Comisión de Puntos Constitucionales en el que marque la improcedencia y no solamente sea mediante una solicitud simple.

Por lo anterior, no fue suficiente que la Legisladora local presentará el documento donde recula en su intentona para que periodistas sean sancionados con cárcel, pagar elevadas multas y sea coartada su libertad de expresión.

…se impondrán de dos a ocho años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública, periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penas o productos con uno o varios hechos, señalados por la ley como delitos”.

De acuerdo a los lineamientos que regula a los Congresistas, el desistimiento de la Legisladora Lorena Ruíz lo tuvo que hacer antes de que se diera primera lectura en el Pleno y la iniciativa fuera bajada del orden del día.

Pese a lo anterior, la evidente ignorancia del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Jaciel González Herrera, no supo implementar el procedimiento correspondiente a pesar de que en en entrevista colectiva el Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local Ever Campech Avelar así lo sugirió ante los cuestionamientos del periodista Juan Luis Cruz de la Jornada de Oriente.

En consecuencia, la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia deberá emitir un dictamen para determinar la inviabilidad de la iniciativa presentada el pasado jueves en primera lectura y este sea aprobado en una sesión ordinaria y en su caso, presentarla al pleno.

De lo contrario, se estaría violando el proceso legislativo ya que no se daría el cauce correspondiente.