El Congreso local lanza nuevo ataque contra la Prensa crítica y además de que busca imponerle bozal a los periodistas, también quiere desaparecerlos y mandarlos a prisión
La Diputada local Lorena Ruíz García hoy de MORENA, presentó una iniciativa con la que busca encarcelar y coartar la Libertad a la libertad de expresión así como al trabajo periodístico, so pretexto de cuidar la identidad y procesos legales de víctimas inmersas en delitos por lo cual propuso reformar el Código Penal en el Estado de Tlaxcala.
Fue en la sesión ordinaria de este jueves donde la hoy morenista dio lectura a la iniciativa que censura el quehacer periodístico y pretende sancionar a medios de comunicación, así como a servidores públicos que difundan información sobre asuntos penales.
La justificación de la Ley Mordaza mañosamente disfrazada, busca “proteger a las víctimas de ser expuestas en fotografías en redes sociales y medios de comunicación…la difusión de imágenes de una victima puede causarle daño emocional y psicológico considerable revictimizándola y perpetuando su sufrimiento”.
Y que la propuesta planteada tipifique como delito la “…indebida difusión, revelación o publicación de información reservada, indicios, hallazgos u objetos relacionados con un procedimiento penal por parte de un servidor público”, ya que ya que viola la privacidad y dignidad de las víctimas exponiéndolas a criticas públicas.
De concretarse la evidente censura al trabajo periodístico, por la tránsfuga del Partido Nueva Alianza Tlaxcala (PNAT) la Adición del artículo 187 BIS al Código Penal establecería una multa que va de las 500 a las mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y de dos a ocho años de prisión.
“…se impondrán de dos a ocho años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública, periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penas o productos con uno o varios hechos, señalados por la ley como delitos”.
Por si no fuera suficiente, esas sanciones podrán triplicarse; “si la información que se difunda sea con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares. Tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes o. Sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima”.
No se descartó que esa iniciativa sea promovida después de la Legisladora se vio inmersa en la detención de su esposo en el municipio de Apizaco por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ya que esta relacionado en delitos de alto impacto con la delincuencia organizada.
Cabe recordar que, en esa ocasión la Legisladora intentó frenar la acción de la justicia ya que es una persona muy cercana a la Gobernadora Lorena Cuéllar, sin embargo, no logró la misma porque era un proceso federal.
Tras la lectura de la propuesta, ésta fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para que a la brevedad pueda ser enlistada, y no fue turnada a comisiones para su estudio análisis y posible votación.
