Poder Judicial de la Federación ordena crear una comisión especial que investigue la grave corrupción que priva en algunas de las dependencias del Gobierno del Estado de Tlaxcala
Ante la insistente negativa del Congreso local de crear una comisión especial de Diputados para que investigue los actos de aparente corrupción que existen en la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) que fueron denunciados desde hace poco más de dos años, el Poder Judicial de la Federación ordenó al Poder Legislativo que justifique la negativa y en caso de no entregar el informe requerido, los 25 diputados junto con el Secretario Parlamentario se harán acreedores a diversas multas y sanciones penales.
De acuerdo al amparo 1393/2024-III que le fue otorgado por el PJF a Eliseo Arteaga el ex empleado de la PROPAET dependiente de la SMA, quien denunció los actos de corrupción del Gobierno de Lorena Cuéllar por el que incluso ha recibido amenazas de muerte y constante hostigamiento del gobierno morenista, la Federación le concedió una vez más la razón al denunciante.
Y es que el Poder Legislativo ha buscado justificar con argucias legaloides la no creación de esa comisión especial para que investigue entre otras, la desaparición de poco más de 50 expedientes en los que existen muestras de evidente corrupción donde empresas contaminantes son protegidas por dependencias del Gobierno del Estado dependientes de la SMA.
Ante esa negativa, el PJF emplazó al Congreso local para acatar el resolutivo legal a la brevedad;
“…en el entendido de que el informe solicitado podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria…bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de emisión de este acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo”.
A pesar de que el documento ha sido manejado cuidadosamente ninguno de los 25 Legisladores ha rendido un informe justificado.
“Se apercibe a las autoridades responsables, de que si al rendir sus informes justificados expresan un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revoca o dejan sin efectos el acto que se les reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo, o bien, se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo”.
La Juez Karina Juárez Benavides sostuvo que de persistir la negativa y después de los reiterados apercibimientos, los integrantes de la LXV Legislatura será multados conforme marca la Ley y se harán acreedores a las sanciones legales.
“…se informa a las autoridades responsables que cuando tengan conocimiento de que se actualiza una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten, apercibida que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo”.
Es de hacer mención que, el diputado local Emilio de la Peña Aponte quien recientemente dejo las filas de RSP para incrustarse en las filas de MORENA, se encuentra inmiscuido en la desaparición de los expedientes arriba descritos por lo que no se descartó que por esa causa haya traicionado al partido que lo llevó a esa curul y buscar protección con el partido en el poder.
Emilio de la Peña se desempeñaba como Director de Planeación y Coordinación Estratégica de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de Tlaxcala (PROPAET) y está inmerso en la denuncia que presentó hace poco más de un año Luis Elíseo Arteaga Uribe ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por los delitos de “intimidación, abuso del servicio público, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos”, entre otros, que a la fecha no ha sido esclarecida.
Incluso, esos actos de evidente corrupción fueron entregados a la Presidencia de la República en la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador quien recibió una detallada explicación de las denuncias que han sido tramitadas, mismas que han sido frenadas por personal cercano a la Gobernadora lo cual lo mantiene en un vilo su vida.
“por culpa de los allegados de la señora Gobernadora, el que suscribe me vi en una situación riesgosa que sin duda puso en peligro mi vida, todo porque no me preste a ser parte de muchas cosas que prefiero evitar decir en la presente, para evitar seguir difundiendo las verdades que le apenarían a cualquiera que tuviera un poco de decencia, valor, calidad y aún más, autoridad moral”.
