Raúl Contreras Flores
La explosión ocurrida en las primeras horas del pasado miércoles 30 de octubre en el área de fundición de la empresa acerera propiedad del Grupo Simec, S.A.B. de C.V., ubicada en el Corredor Industrial de Xaloztoc, cuyo saldo hasta este momento arroja el fallecimiento de 12 trabajadores, cuyos cuerpos fueron alcanzados por toneladas de material incandescente a una temperatura mayor a los mil 500 grados Celsius, puso al descubierto una serie de irregularidades.
De acuerdo a los testimonios de familiares de las víctimas publicados por diferentes medios, desde meses atrás la empresa ya había sido advertida de las presuntas fallas mecánicas que presentaba la caldera siniestrada, incluso a punto de colapsar, sin embargo, nunca se le dio el mantenimiento requerido. Asimismo, denunciaron que las herramientas y utensilios de trabajo que proporciona la acerera se encuentran en pésimo estado, así como los equipos de protección. No obstante, habrá que esperar el resultado de las investigaciones que, se presume, llevan a cabo las autoridades correspondientes para conocer las causas reales que habrían provocado esta dolorosa tragedia.
Por su parte, la dirigencia sindical de la CTM, pasiva e insensible ante la urgente demanda planteada por sus representados, aparece demasiado tarde para exigir una revisión exhaustiva de las condiciones de seguridad en las que desempeñan sus labores cientos de obreros. Al tiempo de anunciar que cuatro de los fallecidos recibirían el apoyo de la central obrera por haber sido miembros de ésta.
Tal anuncio evidenció la indefensión de los obreros restantes, ya que, también de acuerdo a declaraciones de los deudos, éstos habrían sido contratados bajo el esquema del outsourcing, es decir, una subcontratación laboral que quedó prohibida a partir de la reforma hecha a la Ley Federal del Trabajo y que entró en vigor desde del 24 de abril de 2021. De ahí los paupérrimos salarios que percibían, aparte de la carencia de otras contraprestaciones laborales, entre otras el seguro de vida; condiciones aceptadas dada la necesidad de llevar el sustento a sus respectivas familias.
Otra grave irregularidad recae en la dependencia federal responsable de realizar las inspecciones correspondientes, hasta este momento no se sabe nada de su actuación frente a este desastre que enlutó a 12 familias tlaxcaltecas. Sería muy conveniente saber si existe alguna bitácora que dé cuenta de alguna inspección que se le haya hecho a la acerera del Grupo Simec.
A una semana de ocurrido el siniestro, madres, viudas e hijos huérfanos exigen justicia ante lo que señalan como negligencia e incumplimiento de las normas de seguridad en las que habría incurrido la productora y procesadora de acero.
Una poderosa empresa considerada dentro de las principales productoras de aceros en el país, con varias plantas instaladas en los Estado Unidos, Canadá y Brasil.
Rufino Vigil González, magnate conocido como “El Rey del Acero”, presidente de la firma de aceros especiales Industrias CH -emporio al que pertenece Grupo Simec-, y uno de los hombres más ricos de México según la revista Forbes, se comprometió a cubrir las indemnizaciones, además de apoyar con la educación de los hijos de los trabajadores fallecidos, según, hasta que culminen sus respectivos estudios y encuentren empleo.
Ciertamente, un accidente de fatales consecuencias puede ocurrir en cualquier momento, por diferentes causas o circunstancias, sólo que en este caso ya se había dado la voz de alerta y fue ignorada tanto por los directivos de la empresa, la compañía subcontratante de personal, por los dirigentes sindicales y funcionarios públicos federales. Por tanto, no basta con pagar una indemnización por las muertes ocurridas, sino ir al fondo del asunto y fincar o deslindar responsabilidades para tratar de evitar otra tragedia, aunque al magnate del acero no le interese buscar a los culpables. No pasar por alto que las instalaciones de la industria siniestrada necesitan ser revisadas a profundidad y contar con la aprobación de las autoridades competentes para que puedan reanudar sus actividades.
Se trata de un asunto de justicia para el sector obrero, el que realmente produce la riqueza y está pésimamente representado por sus líderes sindicales, y desprotegido por la burocracia, en este caso, la federal.