Raúl Contreras Flores
Otra vez, ante la consumación de un hecho violento más ocurrido la medianoche del pasado jueves a las afueras de una conocida taquería ubicada en la colonia Industrial, en el municipio de Chiautempan, en contra de un masculino que fuera sometido a balazos y ser “levantado”, las especulaciones, rumores y desinformación se hicieron presentes a través de diferentes medios y redes sociales.
Persona que, siempre de acuerdo a versiones extraoficiales, habría sido asesinada y su cuerpo abandonado en la carretera Puebla-México, en el tramo correspondiente al municipio poblano de Xoxtla, el cual presentaba evidentes huellas de tortura y un mensaje recriminatorio colocado sobre su pecho; conductas delictivas con las que se identifican los grupos criminales.
Hasta el momento, como ya se volvió “costumbre” en la entidad tlaxcalteca, no existe información oficial que dé claridad y rigurosidad de lo que realmente sucede en torno a este tipo de hechos violentos que a diario derivan en homicidios dolosos, feminicidios, robos, asaltos, tiroteos con arma de fuego, o bien, el hallazgo de cadáveres humanos encobijados o cuerpos desmembrados.
Al respecto, la reacción en las redes sociales es muy variada y también muy significativa: la postura más radical es la que propone que, ante tales circunstancias, ahora será necesario que los ciudadanos anden armados, otros grupos sugieren la integración de grupos de autodefensa y comités de vecinos vigilantes en toda la entidad. Esto derivado de la evidente inoperancia de los cuerpos policíacos municipales y estatales, y de las áreas encargadas de la vigilancia y la seguridad, pero, sobre todo, del hartazgo de encontrarse indefensos frente al avance imparable de la delincuencia organizada en Tlaxcala.
Otras voces salen en defensa del gobierno que encabeza la neomorenista Lorena Cuéllar Cisneros, al argumentar que es imposible que la policía cuide a cada una de las personas y que éstas deben ser responsables de sus propios actos y asumir las consecuencias que éstos les provoquen.
Es cierto esto último, sin embargo, el gobierno del estado, a través de sus áreas competentes está obligado a dar seguimiento, investigar e impartir justicia a las víctimas y a sus familias, compromiso que han incumplido tanto el Sistema Estatal de Seguridad Pública como la malograda Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Maximino Hernández Pulido y la ex procuradora, hoy impuesta como fiscal, Ernestina Carro Roldán, respectivamente.
De muy poco o nada han servido las compras multimillonarias de sofisticados equipos de vigilancia, los cuales han sido instalados en los cacareados “C2” en algunos municipios tlaxcaltecas. Pero, sobre todo, en el tan multipublicitado C5i y su megapantalla, más el “monstruomóvil” vigilante, cuyos resultados en contra de la criminalidad han sido prácticamente nulos, no así para tener plenamente identificados a los activistas sociales y disidentes del gobierno de la ex priista.
A diferencia de las imágenes que transmiten diferentes canales de televisión, principalmente desde la Ciudad de México, en las que se observa cómo mediante el uso de esos sistemas de vigilancia los sujetos que cometen presuntos delitos son perseguidos por las cámaras por diferentes zonas hasta que son capturados por la fuerza pública, acá en Tlaxcala no se tiene conocimiento de la detención de al menos un delincuente con el apoyo de esa “alta tecnología” que presume Lorena Cuéllar su gobierno posee.
En el colmo de la inoperancia, ineptitud o incapacidad, en pleno Centro Histórico de la ciudad capital se han cometido robos y asaltos; vaya, frente a las oficinas de la policía municipal y a escasos 80 metros del cuartel de la policía estatal, semanas atrás, un parroquiano fue asaltado al interior de una tortería, en donde hubo disparos de arma de fuego, y es la fecha en que no se sabe absolutamente nada de los delincuentes.
La misma situación se presenta en los casos de decenas de homicidios dolosos, tiroteos a domicilios particulares, feminicidios, asaltos a casas-habitación y comercios, cobro de derecho de piso, robo de vehículos y autopartes, atracos en cajeros automáticos, hallazgo de cuerpos sin vida, aparición de narcomantas, aparición de cuerpos humanos desmembrados, proliferación de narcotienditas, sin que exista una sola respuesta por parte de las autoridades correspondientes.
En efecto, cada ciudadano debe ser responsable de sus propios actos, pero, ¿la gente inocente que no la debía?, ¿la gente trabajadora que no está metida en problemas, pero, lamentablemente han atentado contra su patrimonio y su propia vida? ¿Dónde están las autoridades para cumplir con su trabajo de investigar y hacer justicia a las víctimas y sus familiares?, ¿acaso los delincuentes son identificados, pero, finalmente, protegidos?
Obviamente, de esto no se habló en el tercer informe de un gobierno simulador de la Cuarta Transformación. Dicen que Lorena no es Morena, ¿será?