Matusalén Jiménez con un pie en prisión, se embolsó 16.8 millones de pesos y lo que falta por detectar durante el 2024.
Aunque se siente protegido por el grupo de los pañalones que lidera el ex Gobernador Alfonso Sánchez Anaya, el presidente municipal saliente en el municipio de Chiautempan Gustavo Jiménez Romero podría ir a prisión ya que habría desviado 16.8 millones de pesos que no ha comprobado, sin incluir el ejercicio fiscal del 2024.
De acuerdo a las observaciones en sus cuentas públicas, el morenista tiene irregularidades muy graves, por haber desviado recursos públicos que suman casi una veintena de millones de pesos.
Tan solo en los últimos 4 meses del 2021, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó que en los primeros meses de su gobierno hubo un desfalco por 1 millón 556 mil 944.51 pesos.
A eso habrá que sumar las observaciones que el OFS encontró en el ejercicio fiscal del 2022, de enero a diciembre, año en el que el morenista mantuvo un desorden financiero y un caos en el gasto público.
Incluso, su gobierno tuvo que cambiar a varios tesoreros para que finalmente quedará una usurpadora en el manejo de los recursos públicos y a pesar de que el edil fue notificado por el OFS y el Congreso local para que la relevara, Jiménez Romero se pasó por alto la observación y la mantuvo en el cargo hasta la fecha a pesar de que no cuenta con cedula profesional.
En ese periodo, y a pesar de estar protegido por el OFS, ese ente fiscalizador determinó en su informe financiero de auditoria, un probable desvío de recursos públicos por 12 millones 94 mil 966.20 pesos, y curiosamente no le reprobaron la cuenta pública.
Ya para el ejercicio fiscal del 2023, de enero a diciembre, el alcalde santanero a quien es ampliamente conocido en el municipio como Matusalén Jiménez también incurrió en malas prácticas de gasto público, sin embargo, solo le observaron 3 millones 233 mil 847.10 que no pudo comprobar.
A pesar del desorden financiero, sus cuentas públicas fueron aprobadas ya que se presume hubo un par de actores uno en el OFS que habrían manipulado la información para evitar que fuera reprobado y desde el Congreso local de donde se presume salió la orden para no tocar al cansado alcalde tras no detectar las irregularidades financieras.
Sin embargo, de los poco más de 16.8 millones de pesos que malversó, deberá comprobarlos y en su caso regresar ese recurso millonario ya que de lo contrario se haría acreedor a prisión porque se sabe ya alistan una demanda penal en su contra.
