(Primera parte)
Raúl Contreras Flores
Lo denunciamos desde el sábado 30 de octubre del 2023 en nuestros breves segmentos de opinión denominados “andamio”. Ahí señalamos que la controvertida decisión de la gobernadora Lorena Cuéllar de poner en manos de empresas privadas bienes públicos, iba en contra de la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al haber rentado o traspasado la concesión de la frecuencia radiofónica Radio Altiplano XHTLAX 96.5 FM, a la empresa periodística Heraldo Media Group, privatizaciones comunes en los gobiernos de corte neoliberal. Además de destacar la marcada falta de interés o incapacidad mostrada por las titulares de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt) –al inicio del sexenio Elia Sánchez González y actualmente Angélica Domínguez Hernández-, para proponer un sólido proyecto de comunicación social y cultural en beneficio del interés público.
Ante este deplorable hecho vino de inmediato la reacción del gobierno federal a través del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), el cual emitió un comunicado fechado el 1 de octubre del mismo año, mediante el cual fijó su posicionamiento al respecto, en éste destaca que: “el SPR, en ejercicio de su atribución de colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios públicos de radiodifusión estatales y municipales, prevista en el artículo 11, fracción II de su ley de creación, y con total respeto de la libertad y soberanía del Estado de Tlaxcala, lamenta el que el Gobierno de dicha entidad federativa, por conducto de la empresa de participación estatal Radio Altiplano FM, S.A. de C.V., con el aval del Instituto Federal de Telecomunicaciones, haya decidido otorgar en arrendamiento la frecuencia XHTLAX-FM, 96.5 FM, con cobertura en la ciudad de Tlaxcala y sus zonas aledañas, a la empresa GA Radiocomunicaciones, S.A. de C.V., que forma parte del grupo mediático El Heraldo.
“De las múltiples acciones que el Gobierno del Estado de Tlaxcala pudo haber implementado para la reconducción administrativa y financiera de la concesión, el dejarla en manos de una sociedad mercantil es, sin duda, la más alejada al interés colectivo. Desde luego, no se cuestiona la legalidad de esta acción, sino su sentido ético. Lamentablemente, quien resultará más afectada por esta lamentable decisión, será la leal audiencia de Radio Altiplano, cuya opinión no fue tomada en cuenta.
“En tiempos de transformación, recordemos la máxima que debe guiar las decisiones públicas: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. (https://www.spr.gob.mx/comunicados/2023/comunicado75.html)
Asimismo, establecía “que la consolidación de una verdadera política de medios públicos sigue siendo un reto pendiente, respecto del que no se debe dejar de exigir una transformación profunda”.
Mientras tanto, en Tlaxcala a los “intelectuales orgánicos” les cerraban la boca, ni una sola voz emergió en defensa de la icónica Radio Altiplano. En tanto, la gobernadora declaraba en una entrevista colectiva que el arrendamiento sería sólo por un año; sin embargo, eso era mentira, ya que el periodista José Luis Ahuactzi publicó una nota el 3 de octubre de 2023, en el portal digital Gentetlx, en la que mostraba un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en el que se refería que el arrendamiento autorizado era por dos años.
Silenciados la gran mayoría de medios, así como la comunidad “intelectual” tlaxcalteca, el gran negocio de la privatización de Radio Altiplano iba viento en popa en beneficio del interés particular de Lorena Cuéllar Cisneros.
Quizá lo que nunca se llegó a imaginar la mandataria estatal, fue que en una conferencia “mañanera” un periodista se atreviera a preguntar al presidente López Obrador, su opinión respecto a esa lamentable decisión. Hecho que, para mala suerte de la ex priista, sí ocurrió en la conferencia del presidente el día 18 de octubre de 2023.
De acuerdo al “malvado” periodista, la gobernadora declaró el 9 de octubre a La Jornada de Oriente, “que estuvieron a punto de perder todo”, ya que el último pago de la concesión se había hecho en gobiernos anteriores, aunque, de acuerdo a un folio del área que lleva el control (en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes), la concesión de Radio Altiplano está pagada hasta 2039, por lo que “no era cierto que estaba en problemas financieros la radiodifusora”.
En el “andamio” de ese mismo 18 de octubre, se advertía el deplorable papel que vendría a jugar Angélica Domínguez, quien, sin haber trabajado en algún medio de comunicación, carente de experiencia y sin tener los conocimientos básicos para estar al frente de la Coracyt, su función se limitaría a concretar el negocio de la privatización de los medios de comunicación concesionados al gobierno del estado de Tlaxcala, entre estos, la televisión.
Sin embargo, no contaban con la reacción de López Obrador cuando lo enteraron de este penoso asunto.