“Excelencia reconozco el exceso de trabajo que Ustedes realizan, pero no me dejan alternativas cuando se ignoran los casos en que se solicita su intervención”
El conflicto entre un sacerdote y pobladores de Atlihuetzian es desdeñado por la diócesis de Tlaxcala, so pretexto, que el clérigo de esa comunidad se encuentra haciendo bien las cosas, cuando en los hechos existe total opacidad en los recursos que maneja el sacerdote lo que se presume dio origen a las diferencias entre el representante de la iglesia católica con habitantes.
Se trata del ex fiscal Juan Sánchez, quien antes de renunciar al cargo notificó de manera oportuna a la Diócesis de Tlaxcala sobre el marcado interés del sacerdote Manuel Estrada Corona para el manejo de los recursos.
Y es que la gota que derramó el vaso, fue la remodelación del templo que benefactores de la población determinaron pagar por lo que los más de 200 mil pesos que se pretendían recabar y serian manejados por el padre ya no fue posible porque los “bienhechores” asumirían el gasto.
La decisión no le gustó al clérigo, reveló el ex fiscal, por lo que arrancó con una campaña de desinformación entre la población que finalmente culminó en una campaña de odio.
A la fecha, la iglesia católica ha desdeñado poder freno a una confrontación innecesaria a pesar de que ex fiscal envió al obispo Cesar Salcedo Aquino el pasado 6 de mayo del presente año, dejó en claro el interés del sacerdote Manuel Estrada Corona.
“A partir del mes de abril con el mencionado sacerdote hemos tenido fricciones bastante fuertes por sus actitudes, en especial por lo económico y el trato que brinda a algunas personas de nuestra comunidad”.
Pese a que no fue su prioridad atender el trabajo espiritual, ni mucho menos velar por la ciudadanía en el ámbito religioso, y fue la ambición del dinero, la iglesia le dio el espaldarazo al padre a través de la contestación que el pasado 24 de mayo dio Raymundo Muñoz Paredes el vicario general.
“Se ha concluido que el señor que el P. Rector del santuario goza de aceptación en la comunidad y que los puntos señalados por Usted son dignos de tomarse en cuenta…”
En lugar de ordenar una investigación de los presuntos actos de corrupción, el representante religioso aprobó la dimisión del cargo y aprovechó para conminar al ex fiscal a sumarse a los actos pastorales del Padre Manuel Estrada quien ya es calificado por la población como ”un demonio con sotana” por confrontar a un pueblo.
“si Usted cree que lo mejor para la vida de la comunidad es presentar su renuncia, lo puede hacer y se valora su actitud solidaria, aunque valdría la pena por el bien de la comunidad, que tuvieses la voluntad de sumarse a los proyectos pastorales del P. Rector del santuario”, detalló la contestación.
Al ver la apatía de la Diócesis de Tlaxcala en atender esa situación, el entonces fiscal determinó informar a la población a través de una reunión.
“Ante la omisión de no querer buscar una solución, me veo en la penosa necesidad de realizar una reunión de pueblo con el repique de campanas para tratar dicho asunto con todos los ciudadanos de Atlihuetzian…el nueve de junio de 2024 en el atrio de nuestro templo mariano”.
En ese documento, Juan Sánchez lamentó que no hubiera interés ni mucho menos tiempo para atender las necesidades de sus representantes; “Excelencia reconozco el exceso de trabajo que Ustedes realizan, pero no me dejan alternativas cuando se ignoran los casos en que se solicita su intervención”.
Después de recapitular el proceso que dio origen al conflicto, el ex fiscal reveló que la reunión que el convocó el pasado domingo 9 de junio, el sacerdote mañosamente no permitió que se llevara a cabo en el lugar previsto y la hizo al interior del templo donde tenía estratégicamente ubicados a sus aduladores quienes mediante descalificaciones echaron al ex fiscal.
En ese acto hubo violencia física promovida por el sacerdote, por lo cual esos hechos ya fueron notificados a las autoridades correspondientes ya que hubo amenazas e intimidaciones por un grupo de habitantes que fueron identificados y que no son de la comunidad, mismos que fueron llevados por el padre Manuel para desequilibrar la paz de un pueblo.
Los hechos arriba referidos fueron informados además del Obispo Julio César Salcedo Aquino, y la Gobernadora Lorena Cuéllar, también fueron notificados a la SEGOB, el INAH por ser monumentos históricos los que están inmersos, además de la CEDH.
