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El protocolo violado…impugnan al pañalón en el TEPJF

El protocolo violado…impugnan al pañalón en el TEPJF

Un nuevo escándalo enfrenta el Gobierno del Estado por haber permitido el asesinato de un policía estatal porque no aplicaron los protocolos que mucho cacaraquearon.

No han podido salir de la crisis que enfrenta la administración estatal por una conversación telefónica en la que se presume el Secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández junto con la nuera del ex Gobernador Sánchez Anaya, Marcela González Castillo habrían fraguado un complot para bajar al alcalde de Huamantla Salvador Santos Cedillo de sus aspiraciones reeleccionistas con el encarcelamiento de su brother quien está inmerso en un secuestro y asesinar a un empresario poblano.

Lo cierto es que el protocolo de actuación policial para prevenir y atender casos de linchamientos en el estado de Tlaxcala publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 10 de febrero del 2023, falló la noche del lunes 8 de abril.

Y aunque el objetivo General ordena, “establecer acciones que de manera coordinada ejecuten la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, las Direcciones de Seguridad Pública Municipal que conforman el Estado de Tlaxcala y a las autoridades que conforme a sus atribuciones les corresponda, prevenir y atender casos de linchamiento”, el referido ordenamiento, no se ejecutó.

Asimismo, precisa que dentro de los objetivos específicos se debe; “Prevenir la consumación de hechos delictivos, siempre con el uso medido de la fuerza”, además de “Proteger la vida e integridad de las personas integrantes de la policía”, lo cual no sucedió.

Tanto el “mediador” y el “negociador” inmersos en el referido protocolo, tampoco funcionaron ya que dejaron que el acto de barbarie se consumara, porque andan más ocupados en definir candidatos además de corregir los requisitos de los morenistas y sus aliados que, en garantizar la paz social.

También fracasaron los principios inmersos en ese protocolo, porque no fueron aplicados de manera oportuna, los principios de; Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez y Respeto a los derechos humanos.

En el artículo IX. Detalló las Acciones Inmediatas para la Atención en Casos de Retención o Intentos de Linchamiento.

“En caso de que sea una autoridad municipal la primera que tenga conocimiento de un intento de linchamiento, deberá actuar como primer respondiente e informar en todo momento a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien a su vez informará al Secretario de Gobierno, respecto de las acciones que se estén llevando a cabo para la atención y seguimiento del incidente, quien estará atento de cualquier requerimiento de apoyo, asimismo, deberá hacer de conocimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para verificar que la actuación policial se realice sin vulnerar los derechos humanos de las personas”.

Tan grave fue la situación que la CEDH se enteró un día después como siempre y cuando acudió al lugar de los hechos, obvio, ya no encontró nada.

Y no es que uno esté buscando hacer leña con el árbol caído, solo que las autoridades fallaron de manera tan grave que su incapacidad provocó enlutar un hogar de un servidor público que en aras de hacer su trabajo y llevar el sustento a su casa, murió por la negligencia de un gobierno indolente.

Mire Usted otro de los yerros que el Secretario Marrufo no vio o ignora porque no viene en su manual de marinerito; “El primer respondiente que llegue al lugar del evento tendrá que informar al mando respecto de la situación que prevalece…”, y no lo hicieron, y si lo hicieron no entiendo porque dejaron pasar hasta horas para frenar la masacre.

Además, “el primer respondiente tomará las medidas necesarias para su propia seguridad, sin que ello implique dejar de cumplir con sus obligaciones legales, siempre y cuando las circunstancias se lo permitan”, oiga, era el Estado quien estaba en el lugar de los hechos ¿o quien chingao era?.

Incluso, el protocolo ordena que; “se debe solicitar apoyo y presencia en el lugar de los hechos a personal médico, quienes deberán presentarse con el equipo y personal necesario para brindar atención médica, así como recabar la información de las personas que sean atendidas”, y si llegaron, pero tarde.

En el artículo X. que se refiera a la Observancia a los derechos humanos, éstos tampoco fueron respetados ya que no hubo disuasión de los inconformes a pesar de que decenas de uniformados se encontraban a bordo de varias patrullas a unos metros del fatal suceso donde sus compañeros eran severamente golpeados por un pueblo hastiado de la impunidad y la injusticia.

Según los lineamientos del fallido protocolo, los elementos policiales que intervengan están obligados a:

  • Respetar en todo momento los derechos de las personas que intervienen directa o indirectamente en el intento de linchamiento observando los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, además de tomar en cuenta la perspectiva de género, en los casos que sea necesario
  • Conocer las zonas de seguridad y ubicación de los servicios de emergencia para la protección de los mismos e informar al mando respecto de la situación que prevalece. Lo peor, no lo hicieron.

Sobre los derechos que deben tener los elementos policiales inmersos en el artículo XI. “Los elementos policiales tienen derecho a: La protección de su vida e integridad física; respeto a su dignidad humana, y respeto a sus derechos laborales”, tampoco fue respetado por los mandos policiacos porque uno de ellos perdió la vida por la ignorancia del marinerito.

Lo grave también, es que los uniformados que acudieron ese día al municipio de Zacatelco, fueron enviados sin el equipo y los aditamentos especiales que el referido protocolo enmarca en el artículo XII sobre el equipo de seguridad que deben portar.

“Los elementos policiales que intervengan en casos de linchamiento deberán contar como mínimo, con el siguiente equipo táctico policial el cual debe ser proporcionado por las Instituciones de Seguridad a la que pertenezcan”

“Cinturón con sus accesorios; II. Candados de mano, también conocidos como esposas; III. Grilletes plásticos; IV. PR-24, también conocido como Tonfa; V. Chaleco anti-trauma; VI. Casco; VII. Espinilleras; VIII. Coderas; IX. Musleras; X. Escudo; XI. Escopeta calibre 12 con bocacha para lanzamiento de medios disuasivos no letales; XII. Gas lacrimógeno fragmentado para lanzamiento manual y con bocacha, y XIII. Humo fragmentado para lanzamiento manual y con bocacha”. No me crea, pero se dice que solo llevaban charpes y una que otra piedra, además de procurar abrazos y no balazos ni mucho menos abrazos.

Tampoco fue considerado aplicar, la intervención policial y niveles del uso de la fuerza enmarcados en el artículo XIV porque el mando a cargo le tembló la mano para tomar una decisión reglamentada con la finalidad de evitar que el pueblo sabio tomara la justicia por mano propia.

Y es que de acuerdo a la información que varios medios de comunicación difundieron, no hubo la mínima intentona de apaciguar los ánimos ya que confiaron en las virtudes del Doctor en derecho quien no pudo convencer a los inconformes y evitar la muerte de un policía.

En el referido protocolo, ordena a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que; “…una vez conocido el hecho y estando coordinada con la persona primer respondiente, deberá controlar el lugar de los hechos, mediante la conformación de tres anillos de seguridad, estos últimos que no fueron realizados para evitar el funesto desenlace”.

Incluso en el artículo XIV detalla que “en caso de que los elementos policiales se percaten de que la multitud consumó el linchamiento de una o varias personas, deberán; acordonar el área de intervención y solicitar la presencia de las autoridades competentes para realizar el levantamiento del o de los cuerpos”, tampoco se hizo.

Que fuerte, al grado que personal del SEMEFO no quiso entrar a realizar las pesquisas del primer muertito un modesto taxista que murió en manos de un par de presuntos hampones quienes le robaron su unidad y para ello fue abatido con armas de fuego, gracias a un operativo que las autoridades estatales realizaban en la zona.

Lamentablemente los presuntos delincuentes se dieron a la fuga sin que nadie los molestara, a pesar de que la dupla huyó en las narices de las autoridades estatales.

Lo cierto es que, nada de lo que se diga y se haga podrá regresar la vida a las personas que murieron en el lugar, un habitante y vecino de Zacatelco y un policía estatal.

De las responsabilidades, ya vimos, lanzando culpas del titular de la SSC hacía el alcalde de Zacatelco y el director de la policía de esa demarcación, no es que defienda al Cachorro, pero eran elementos de la SSC y de la PGJE quienes realizaban el operativo en esa zona del Estado.

Fue en sus manos de las autoridades estatales de quienes se les salió del control el operativo policiaco y hoy es más fácil aventar culpas a diestra y siniestra.

Sin embargo, el protocolo señala en “el artículo XIII. De las responsabilidades de las instituciones de seguridad: I. La responsabilidad por la toma de decisiones durante los operativos, va desde la orden emitida por las y II. III. los funcionarios que ejercen el Mando, hasta su ejecución por parte de personal operativo…”

Habrá que esperar a los efectos legales y políticos, porque no es con militarización como el marinero de fragata pretende realizar para frenar los actos delictivos que crecen de manera alarmante todos los días.

Solo falta que instaure el toque de queda en la entidad para justificar su incapacidad al no tener la manera de patrullar en lanchas la entidad.

También habrá que esperar a que el gran proyecto del joven pañalón fructifique en próximos días con las primeras lluvias atípicas y permita al capitán estacionar sus embarcaciones en la Garita y ahora si dar resultados, léase con sarcasmo.

A propósito del pañalón, resulta que el hábil padre del candidato a Presidente Municipal de Tlaxcala por MORENA Alfonso Sánchez García, su apa el ex Gobernador ya contrató los servicios del ex Secretario de Educación Miguel Ángel Islas Chio quien es el coordinador General de la campaña del inexperto junior.

Lo grave es que el Hidalguense puede ser chamaqueado en cualquier momento, habrá que recordar que fue el impulsor de RSP en Tlaxcala y le fue arrebatado el control de ese partido por un par de jóvenes políticos César Pérez y Gabriel Becerril.

Así ni como confiarle una campaña, y más que está en juego la sobrevivencia política de una familia que se resiste a dejar el poder.

Por cierto, ya fue impugnada formalmente la candidatura del Arqui Pañalón, por la ex Secretaria del Ayuntamiento capitalino Katy Verónica Valenzuela Díaz, misma que ya fue recibida en la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación porque no se confía en las autoridades estatales.

Por cuestión de espacio en una siguiente le tendré los pormenores

Tan tan tan tan…

https://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/1Ex10022023.pdf

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