El Congreso local aprueba iniciativas del Ejecutivo contrarias al interés de las mayorías
Raúl Contreras Flores
Si bien, a nivel nacional el tema de la división de poderes es harto polémico, generador de fuertes debates dado el histórico sometimiento del Legislativo y Judicial al Ejecutivo que los ha llevado a convertirse en determinados momentos en meras agencias de trámites, ya que al contar con la mayoría simple, absoluta o calificada a su favor, se da por descontada la aprobación -en algunas ocasiones vía fast track-, de las iniciativas enviadas por el mandatario federal o estatal en turno a los legisladores o togados, según sea el caso, sin importar que éstas sean en beneficio o no de las mayorías.
Así ha sucedido desde que en nuestro país se instrumentó la división de poderes (Constitución de Apatzingán, 1814); decisión política que se visualizó como el principio rector bajo el cual funcionaría el Estado mexicano.
Después de más de 36 años de gobierno neoliberal, en la presente administración federal encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de escaños y curules alcanzados en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, respectivamente, por Morena y partidos aliados, le han permitido al titular del Ejecutivo federal concretar algunas reformas constitucionales en beneficio de las mayorías y de la nación y no de las oligarquías, tal como había sucedido desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado; otras reformas de alto impacto social se han quedado atoradas en el camino ante la férrea oposición del PRI, PAN y PRD.
Sin embargo, en el caso de Tlaxcala, la LXIV Legislatura del Congreso local se ha convertido, más que en otros sexenios, en una mera oficina de trámites, en un espacio acrítico en donde las iniciativas, necedades u ocurrencias de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros han sido aprobadas sin mayor discusión por parte de las diferentes bancadas de diputados, encabezadas por la neomorenista, incluidas aquellas voces que, de pronto, pretenden aparentar ser de “oposición”, cuando en realidad lo que sucede es que no pudieron establecer buenas negociaciones o acuerdos de interés personal con el Ejecutivo; o bien, utilizar la tribuna para proteger sus cotos de poder.
Caso concreto lo fue el nombramiento que, de manera unánime, el Congreso local hizo del titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, quien fuera severamente cuestionado por el dirigente de la Conaso, Domingo Meneses Rodríguez, al señalarle graves irregularidades cometidas en su paso como tesorero del municipio de San Pablo del Monte, las que le impedirían ocupar ese cargo. El silencio y la omisión fueron la respuesta.
Contrario a lo que sucede en el ámbito federal, la aprobación de las iniciativas con carácter de preferente presentadas por la ex priista ha servido para favorecer sus intereses personales, familiares y los de su reducido grupo de amigos conformado por políticos y empresarios locales y de otros estados.
Dígalo si no, la acelerada aprobación de la reforma constitucional para que su ahijado, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, llegara a ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobierno; la aprobación de una ley a modo para justificar la construcción del autotrén; la expedición de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala mediante la cual se dará protección, seguridad, custodia y vigilancia a través del servicio público de escolta hasta por doce años a la gobernadora, su cónyuge, persona concubina, hijas e hijos, una vez concluido su encargo. Mismo beneficio que recibirán los ex servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial que hayan realizado actividades relacionadas con la seguridad ciudadana, procuración e impartición de justicia. Incomprensible decisión sí, como lo asegura la gobernadora neomorenista, “Tlaxcala es la entidad más segura del país”. Otra aprobación que está en puerta y que seguramente será en favor de los intereses lorenistas y de grupos empresariales, se refiere a la pretendida concesión
del libramiento de Calpulalpan, en el que se otorgarán los derechos para construir, operar, mantener y explotar hasta por 60 años. Política privatizadora que ha combatido López Obrador desde su arribo a la Presidencia de la República.
Mientras tanto, la doblegada LXIV Legislatura seguramente dejará sin resolver los graves conflictos políticos y sociales que permanecen latentes en los municipios de Xicohtzinco, Mazatecochco, Axocomanitla y Panotla, entre otros; ser omisos ante la presunta malversación y desvío de recursos de presidente municipales y otros entes fiscalizables; dejar pendientes juicios políticos; privilegiar los intereses del monopolio del transporte y no atender las necesidades de vastos sectores sociales que requieren del servicio de mototaxis, el cual requiere ser regularizado.
Así, con más pena que gloria habrá de terminar sus funciones la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de la cual, entre siete u ocho diputados pretenden relegirse y otros más aspiran a convertirse en alcaldes, información que más adelante habremos de comentar.
