Todos los Diputados locales de la LXIV Legislatura, le autorizan guardaespaldas para la Gobernadora y su familia de por vida
Contrario a la política de austeridad que enarbola el Presidente López Obrador y ante el inminente miedo de que le pueda pasar algo tras concluir su encargo como Gobernadora en el Estado más seguro, Lorena Cuéllar Cisneros incluyó en la recién aprobada Ley de Seguridad que ella, su chófer y actual esposo, sus hijas y yernos entre otros, deberán tener guaruras con cargo al Estado, tras haber concluido su responsabilidad como mandataria estatal.
Es en el Artículo 73 de la referida Ley, la que precisa; “La persona Titular del Poder Ejecutivo, su cónyuge, persona concubina, hijas e hijos tendrán derecho a la protección a través del servicio público de escolta, sin necesidad de trámite especial para su otorgamiento; una vez que haya concluido su encargo tendrá derecho a servicio de escolta conforme a lo dispuesto al Reglamento del Servicio Público de Escolta en el Estado de Tlaxcala”.
En esa Ley aprobada con “carácter de preferente”, también les fue autorizada la protección del Estado, el Secretario de Gobierno, la Procuradora, la Presidenta del Poder Judicial, así como el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entre otros.
“Tendrán derecho a la protección, mediante escolta, los ex servidores públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que hayan realizado actividades relacionadas con la seguridad ciudadana, procuración e impartición de justicia, o quienes, en razón de los servicios prestados en materia de Seguridad Ciudadana o en la Secretaría de Gobierno…”, precisa el Articulo 74.
La referida Ley señala que aquellos qué gocen de la protección tendrán que haber estado en funciones al menos dos años según el Artículo 75. “Los ex servidores públicos podrán acceder al servicio público de escolta, siempre y cuando hayan desempeñado el cargo durante dos años como mínimo”.
“La protección se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un término igual, siempre que el interesado acredite fehacientemente ante el Comité que subsiste tal necesidad”.
Sobre la cantidad de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos, “se determinará por el Comité de Autorización de Escoltas a servidores públicos y ex servidores públicos. Las escoltas y los recursos materiales que les sean asignados, únicamente podrán destinarse a funciones de protección, seguridad, custodia y vigilancia de las personas…” detalló el Artículo 76.
El servicio de escolta cesará conforme lo dispuesto en el Reglamento del Servicio Público de Escolta en el Estado de Tlaxcala, que lo precisa la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala el cual fue aprobado en la pasada sesión del 01 de febrero del año en curso.
La referida Reforma contradice la política de austeridad que promueve el Presidente de la República quien en julio del 2018 arengaba tras ganar las elecciones que una de sus seis prioridades sería; “…erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República, permitirá la corrupción ni la impunidad…”.
Sin embargo, ha remado contra corriente ya que esa lucha por eliminar los privilegios que gozan jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legisladores, altos funcionarios del Gobierno Federal y hasta Gobernadores, ha sido complicada.
Algunos de los abusos que fueron erradicadas parcialmente, se encuentran; seguros médicos particulares y sin límites, compra de automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros y hasta en aviones privados.
En ese orden de ideas, López Obrador ordenó desaparecer a los militares de elite agrupados en el Estado Mayor que, eran los encargados de brindar protección al Presidente en turno y a los ex Presidentes de la República; “el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”.
Hasta el CEN de MORENA presumió que la bancada en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa con la que el Presidente AMLO buscaba implementar la Ley de Austeridad Republicana en toda la administración pública para que ningún funcionario público, incluidos secretarios de estado contaran con escoltas o vehículos blindados.
A casi seis años de distancia, a la Gobernadora de Tlaxcala se le olvido el aviso de no ceder a las tentaciones del abuso de poder, por lo que consideró prudente traer guardaespaldas, y no solo para ella, sino también para sus hijas, su esposo y hasta los yernos.
Reforma que fue promovida no solo por Diputados de MORENA, sino por todos los integrantes de la LXIV Legislatura hasta los de oposición, quienes aprobaron dejar en indefensión al pueblo de Tlaxcala para que la seguridad pública cuide de la delincuencia a la Gobernadora.
No obstante, sigue firme el ultimátum del Ejecutivo Federal de aplicar el peso de la Ley no solo a representantes populares, gobernantes y funcionarios públicos, sino hasta aquellos que se sienten promotores de la cuarta transformación, pero en los hechos han incurrido en tentaciones; “…sobre aviso, no hay engaño…sea quien sea, será castigado…incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares”.
