Ex empleado de la PROPAET denunció que Luis Antonio Ramírez Hernández titular de la SEGOB lo amenazó de “…darnos dos balazos porque eso le gustaba hacer con la gente que lo molestaba”
Por los delitos de tráfico de influencias y los que resulten, fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), el secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández después de que ninguna entidad gubernamental estatal ni federal le dio seguimiento a sus denuncias y en contraste sufre persecución, amenazas de muerte y hostigamiento por parte del aparato gubernamental.
Se trata de Eliseo Arteaga Uribe ex empleado de la Procuraduría de Protección al Ambiente en Tlaxcala (PROPAET) quien fue despedido del Gobierno del Estado por negarse a incurrir en prácticas ilegales, ya que le habían ordenado desaparecer denuncias y alterar información oficial para no afectar al Gobierno de Lorena Cuéllar.
En la narrativa de hechos, precisó que el pasado 31 de octubre fue citado en un centro de mediación en el municipio de Chiautempan por un ex compañero de trabajo.
“Recibí una llamada de Raúl Pluma Ríos con quien trabajé en la PROPAET, quien me hizo la invitación a petición del Gobierno de Tlaxcala para acudir a su centro de mediación y por fin llegar a un acuerdo conciliatorio respecto al pago de mis prestaciones laborales”.
Incluso, le pagaron pasajes y viáticos para que pudiera acudir a la reunión con personal del Gobierno del Estado, la cual se dio en el municipio de Chiautempan donde se encuentra el referido centro de mediación; “se me depositó 3 mil pesos para los viáticos y para acudir a las 10:00 horas del día 01/11/2023…al acudir a esa cita se presentó Israel Rodríguez Alvear, Director de la SMA…”
Ya en el lugar, la oferta que el Gobierno de Lorena Cuéllar presentó para que concluyan los diferentes procesos en instancias Federales y a nivel internacional, resultó ofensiva por lo cual avizoró que no habrá arreglo alguno.
“…me seguirán obstruyendo para que jamás obtenga justicia o un trato mejor que el que ellos me ofrecieron en ese momento, siendo éste el dejarme en paz y pagarme 50 mil pesos, cantidad que no está siquiera cerca del pago real de mis prestaciones laborales…”
Arteaga Uribe detalló en su denuncia que, si aceptaría un pago por concepto de indemnización, la cual deberá contemplar la reparación del daño; “…una indemnización que merezco por daño, físico psicológicos, emocional el cual fue causado por más de 20 instituciones del Estado y de la Federación, aunado a los más de 70 servidores públicos que intervinieron en todo esto o que omitieron hacer algo aun cuando pudieron haberlo hecho”.
Agregó en la denuncia electrónica con folio 5172023 que el delito de tráfico de influencias se configuraría, ya que le pusieron a disposición una oficina del Gobierno del Estado que no labora sábados ni domingos con tal de parar la ola de procesos legales que el ex empleado lorenista mantiene activos; “el solo hecho de autorizar sus labores por mí encuadra perfectamente en tal supuesto de tráfico de influencias y otros delitos más…”
“…se me dijo que, de llegar ese día a un convenio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, estaría habilitado para que en ese momento nos trasladáramos y firmáramos el convenio respectivo donde me desistiría de todo lo que había hecho y se me pagaría, algo muy inusual puesto que ese día era inhábil”.
Eliseo Arteaga sostuvo en la denuncia, que; “los daños causados…está la perdida de mi trabajo, la separación del cargo, las responsabilidades civiles, penales y administrativas por o haber hecho mi entrega recepción en virtud de que no me presté o me prestaría a simular actos administrativos como se me pidió en su momento”.
Incluso, recordó que a su llegada al Estado en la pasada campaña con el grupo Morelense, para después incorporarse al Gobierno del Estado tanto el como otros compañeros tuvieron que pagar la cuota para trabajar en la administración pública.
Agregó que, como prueba a la lealtad que le exigió el actual secretario de Gobierno fue haber invertido recursos propios para trasladarse a Tlaxcala y tener un empleo firme, así como trabajar sin goce de suelo por un mes.
La situación no concluyó ahí, ya que fueron condicionados con perder la vida en caso de molestar al funcionario estatal; “…me fue mencionado por el propio Luis Antonio Ramírez Hernández…me amenazó a mí y a mi compañero Ángel Ricardo “N” con darnos dos balazos porque eso le gustaba hacer con la gente que lo molestaba…en lo personal fue más para mí la amenaza ya que no me sometí a encubrir o dejar pasar las extorsiones que hacían los inspectores ambientales”.
Para concluir la querella, el denunciante sostuvo algunas acciones a las que fueron obligados para financiar eventos y mantener su empleo; “También está el dinero que la Gobernadora nos hacía poner para pagar sus desastrosos eventos tal y como lo fue la insípida paella en el Estadio Tlahuicole”.
Por su parte, la PGJE informó al denunciante que; “…deberá acudir en los próximos tres días hábiles a la agencia del ministerio público Unidad de Investigación Chiautempan…a afecto de que le sea asignado un numero de carpeta y se inicien los actos de investigación que corresponden”.
