Casi una decena de aspirantes a un cargo de elección popular federal siguen laborando en el Gobierno del Estado y a la vez hacen campaña política sin que sean sancionados.
Brissa Montero
De los funcionarios estatales que renunciaron a sus respectivos cargos para ir en la búsqueda de un puesto de elección popular, solo Sergio González Hernández quien era Secretario de Gobierno (SEGOB) y Alfonso Sánchez García ex secretario de Infraestructura (SI) se tragaron el anzuelo al renunciar a sus cargos, y el resto hace campaña con el evidente uso de recursos públicos.
La fragilidad de la administración estatal permitió que al menos siete funcionarios estatales más con cargos directivos realicen proselitismo en horario laboral y el aparente uso de unidades oficiales así como de recursos públicos para su promoción política.
La lista la encabeza la ex priista y actual titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP) Eréndira Cova Brindis, aspirante a Diputada Federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Se suma a esa lista, el director del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST), Marvin Blas Mora, quien se promociona políticamente con recursos públicos.
En la misma situación se encuentra la directora del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Azalia Cortés García quien goza de impunidad ya que en horario laboral acude a eventos políticos y se presume también usa unidades y recursos de esa dependencia para promoción política.
También se encuentra en ese supuesto, la directora del Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala (IDET), Madaí Pérez Carrillo quien ha dado prioridad a sus aspiraciones políticas que para atender lo relacionado con su cargo.
Otro funcionario que tampoco renunció al cargo y se inscribió para ir por una curul Federal, es el Oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui quien goza del manejo de los dineros del Gobierno del Estado y al mismo tiempo es aspirante.
La ex diputada local del PANAL y actual Directora de Educación Media Superior de la Unidad de Servicios Educativos del Estado (USET) Sandra Corona Padilla, tampoco renunció al cargo y se presume realiza actividades políticas en horario laboral.
En esa lista, también se encuentra la exalcaldesa, Sonia Lilian Rodríguez Becerra quien tiene un cargo de mando en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al mismo tiempo aspira a una representación Legislativa Federal.
Los funcionarios arriba descritos llevan una clara ventaja contra otros aspirantes, y aunque son impulsados desde Palacio de Gobierno, corren el riesgo de que sean excluidos ya que las candidaturas se habrán de palomear a nivel nacional.
No obstante, la administración estatal los impulsaría de manera descarada y competir para un cargo federal sin que hayan dejado la administración pública lo que genera desigualdad entre otros aspirantes que no reciben recursos públicos.
