Después de que ninguna autoridad por parte del Gobierno en Tlaxcala, entidades como la CEDH ni del Congreso local han querido investigar la corrupción que existe en la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), la Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel se comprometió en investigar los señalamientos que el ex empleado de esa dependencia Luis Eliseo Arteaga Uribe quien por haber denunciado fue echado del Gobierno de Lorena Cuéllar.
Al respecto, Luis Eliseo Arteaga informó que, fue a través de un correo electrónico por medio del cual la pre candidata del PRI a la Presidencia de la República del Frente por México, confirmó su compromiso para investigar la infinidad de casos de corrupción que han sido documentados por el ex empleado y han sido solapados.
Es de recordar que Arteaga Uribe a finales del 2022 denunció con pruebas, infinidad de irregularidades que Luis Antonio Ramírez Hernández ha protagonizado junto con personal bajo su mando y a la fecha ninguna entidad estatal que ha sido notificada le ha dado seguimiento por el evidente miedo que tienen al ahijado de la Gobernadora Cuéllar.
Se espera que la Senadora quien busca ser Presidenta de la República pueda darle seguimiento a la denuncia, ya que han sido notificadas la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la entidad para que diera seguimiento, sin embargo, la titular de esa dependencia Eréndira Cova Brindis ha tenido miedo de actuar porque busca un puesto de elección popular y de proceder perdería toda posibilidad.
También fue notificada la Fiscalía Especializada contra el Combate a la Corrupción (FECC) y tampoco hizo nada, así como el Congreso del Estado ya que ningun@ de los Legisladores ha indagado sobre las irregularidades documentadas.
A pesar de que Eliseo Arteaga se ha enfrentado a una enorme red de corrupción al interior del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y ha sido presa de persecución política y ha sufrido daños en su salud física y emocional, no ha desistido para seguir en la lucha y combatir la corrupción que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador mucho repudia.
Incluso, se ha enfrentado a organismos que se suponen deberían defender a la ciudadanía y se topó que esos están a la orden del Gobierno en turno ya que en el caso de la CEDH en Tlaxcala esa dependencia desdeñó las vejaciones que fue objeto en la administración estatal.
En contraste, fue denigrado directamente por la titular de los Derechos Humanos en Tlaxcala Jakqueline Ordóñez Brasdefer al grado que pidió la intervención de la CNDH y la CONAPRED ya que la ombudsperson salió a la defensa del corrupto servidor público Luis Antonio Ramírez quien está considerado a nivel nacional como deudor alimentario.
Imagen cortesía Los Noticieristas
