Después de la resistencia que el Congreso local realizó para no abordar los aparentes actos de corrupción y abusos de poder que existen en la SMA y la PROPAET, finalmente los Diputados deberán crear una Comisión Especial para que investigue a funcionarios estatales muy cercanos a la Gobernadora Cuéllar, sin embargo, existe la posibilidad de que esos hechos queden impunes porque además son amigos de la servil Diputada y Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso local.
Quien fuera Jefe del Departamento de quejas y denuncias de la PROPAET Eliseo Arteaga Uribe finalmente logró que el Poder Legislativo en días próximos inicie una investigación por los aparentes abusos que cometieron el secretario del Medio Ambiente (SMA) Luis Antonio Ramírez Hernández, además de Iván García Juárez quien es titular de la Procuraduria de Protección al Medio Ambiente en el Estado (PROPAET) de Emilio de la Peña hijo del titular de la Secretaria de Infraestructura Agropecuaria (SIA) Rafael de la Peña Bernal.
De acuerdo a la solicitud de Juicio Político que Arteaga Uribe presentó al Congreso local desde el pasado 23 de mayo del presente año en contra del deudor alimentario Luis Antonio Ramírez Hernández, el documento ya fue turnado a la Presidenta de la Comisión Permanente Maribel León Cruz.
“…para que se designe una comisión especial que investigue los hechos denunciados en contra de la Procuraduria de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y otras autoridades estatales que deberán ser llamadas a comparecer personalmente para rendir su declaración en torno a lo ocurrido”.
Y es que Eliseo Arteaga Uribe fue despedido de la SMA por negarse a encubrir diversos actos de corrupción que privan en la SMA y la PROPAET en los que han sido evidenciados negocios millonarios por la no aplicación de las sanciones que marca la Ley a empresas que dañan severament el medio ambiente.
Incluso, decenas de esas denuncias fueron desaparecidas misteriosamente a pesar de que existe el antecedente de las mismas en las que se encuentran inmiscuidos funcionarios de primer nivel del Gabinete estatal.
Tras varias semanas de sufrir acoso y persecución a su persona, Arteaga Uribe ha exigido la intervención de más de una docena de entidades gubernamentales que se habían resistido en darle seguimiento con tal de ocultar la grave corrupción que impera al interior del gobierno morenista y son solapadas por diferentes dependencias de Gobierno.
Por mencionar algunas, la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la que a Eréndira Cova Brindis le ha temblado la mano para frenar los excesos, además del Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala (SAET), la Fiscalía contra el Combate a la Corrupción (FECC) dependencia en la que se fomenta el alcoholismo ya que sus empleados en horario laboral usan unidades oficiales para emborracharse en lugar de investigar los actos de aparente corrupción que fueron denunciados.
Otra dependencia inmiscuida es el Poder Judicial ya que Arteaga Uribe también recurrió a ella por despido injustificado y a pesar de que lo han traído a la vuelta y vuelta no ha claudicado en el seguimiento legal.
A esa lista se suman entidades no gubernamentales como el OFS y la CEDH, a está última no le quedó de otra que aceptar que el denunciante tiene la razón por lo que ya está tomando cartas en el asunto luego de que ese caso ha llegado a la Presidencia de la República.
A pesar de que los poderosos funcionarios de la SMA procedentes de Morelos han desdeñado los actos de corrupción, se espera que el proceso no sea manoseado al interior del Poder Legislativo, ya que los denunciados son amigos muy cercanos a la Presidenta de la JCCP.
No sería la primera ocasión que los Legisladores busquen artimañas para proteger a los denunciados por el evidente servilismo que tienen para la Gobernadora Cuéllar el cual es fomentado por la nuera del ex Gobernador Sánchez Anaya quien para todo da el charolazo que son órdenes de la Gobernadora, para que no prosperen diversos procesos Legislativos y sean sancionados conforme lo marca la Ley.
Incluso el proceso de Juicio Político podría ser frenado porque Luis Antonio Ramírez Hernández impuso como Director Jurídico del Congreso a quien fuera Director jurídico de la SMA Gonzalo Guízar Vazquez, y es quien Jurídicamente hace los ajustes a las iniciativas, procedimientos y situaciones legales en el Poder Legislativo.
