El ex Jefe de Departamento de Denuncias, Quejas y Participación Social de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Tlaxcala (PROPAET) dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), denunció a la directiva de esa dependencia del Gobierno de Lorena Cuéllar, ante la Fiscalía Especializada contra el Combate a la Corrupción.
Se trata de Eliseo Arteaga Uribe ex empleado de la PROPAET, quien pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de la FECC realice una investigación minuciosa por los graves actos de corrupción que privan en la dependencia estatal que dirige Iván García Juárez, gente de todas las confianzas a Luis Antonio Ramírez Hernández titular de la SMA.
“La presente denuncia la formuló por lo que a mí criterio y apreciación se pudiera configurar por los hechos de intimidación; enriquecimiento ilícito; ejercicio ilícito y abuso de servicio público; abuso de autoridad; coalición de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y facultades; tráfico de influencia; cohecho; peculado; concusión; así como también delitos cometidos en contra de la adecuada impartición de justicia; fraude procesal; falsedad ante autoridades; simulación de pruebas; encubrimiento por favorecimiento y los demás que llegasen a configurarse”
La denuncia fue interpuesta en contra de; C. Iván García Juárez, Procurador de Protección al Ambiente. C. Nadia Martínez Sánchez, Secretaria Técnica. C. Joaquín Eduardo Méndez Villet, Director Jurídico. C. Emilio De La Peña Aponte, Director de Planeación y Coordinación Estratégica. C. José Joob Urióstegui Bahena, Director de Inspección y Vigilancia. C. Itzel Aguirre Reynoso, Jefa de Oficina. C. Ángel Alberto Díaz Severiano, Jefe de Departamento. C. María Guadalupe Soberanes Antonio, Jefa de Departamento. C. Marlon Josué Pinzón Manzanero, Jefe de Departamento. Y los demás que lleguen a ser participes o responsables.
A pesar de que la denuncia fue presentada a principios de año, hasta el momento no se han tenido avances al respecto y en contraste continúan los actos de corrupción por parte de funcionarios del Gobierno del Estado que se presume son protegidos por las mismas dependencias que conforman la administración pública estatal.
