“…expedientes de procedimientos administrativos generalmente se condenaba a los inspeccionados al pago de una multa que variaba de los cuarenta mil a los cincuenta mil pesos, la cual era siempre negociada por el personal directivo”
Ganancias millonarias por el importe de multas que no son reportadas a las arcas del Gobierno del Estado dejaría una red de corrupción que opera al interior de la Secretaria del Medio Ambiente de Tlaxcala (SMA), ya que inspectores extorsionan a constructores so pretexto de no contar con el manifiesto de impacto ambiental correspondiente.
La información que fue enviada a diversos medios de comunicación y la cual tiene conocimiento la Secretaría de la Función Pública (SFP), precisa que personal de la SMA en contubernio con la Procuraduría de Protección al Ambiente en Tlaxcala (PROPAET) tienen su mina de oro.
Entre los involucrados, se encuentran desde el Procurador, directores, Jefes de departamento de la PROPAET, los cuales dependen de la SMA que dirige el deudor alimentario Luis Antonio Ramírez.
“Estás negociaciones las realiza el Licenciado José Joob Uriostegui Bahena, Director de Inspección y Vigilancia, quien también se ostenta como titular de los cargos de Director Jurídico y como Procurador de Protección al Ambiente; dándose este las más amplias facultades de negociar los precios de las multas, las cuales de por sí, ilegalmente ya le eran impuestas a los inspeccionados, mismos entre los que se hallan personajes como Consejeros Jurídicos y Secretarios de varios Municipios de Tlaxcala, los cuales entregaron dinero a estor servidores públicos, para así librarse de los asuntos tramitados en dicho organismo público desconcentrado; al igual que diversas personalidades de la política local que nunca denunciaron las extorsiones en razón de ser figuras reconocidas por la sociedad y en virtud de no querer verse envueltas en un escándalo mediático”.
Según la denuncia, las multas que imponen los servidores públicos del Gobierno de Lorena Cuéllar, van desde los 3 mil a los 90 mil pesos y otras más que, van desde 50 mil y pueden llegar hasta los tres millones de pesos, dependiendo de la construcción que se trate.
De acuerdo a la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, en el rubro de las sanciones, en el supuesto de construir una barda perimetral y si el ciudadano al momento de la inspección no cuenta con el manifiesto de impacto ambiental correspondiente (el cual es caro y se tramita en la SMA) los inspectores proceden a imponer multas por cantidades desproporcionadas.
Sin embargo, ese tipo de prácticas es solapada por los jefes de ambas instituciones y por la titular de la SFP Eréndira Cova Brindis.
“Cabe señalar que en los expedientes de procedimientos administrativos generalmente se condenaba a los inspeccionados, al pago de una multa que variaba de los cuarenta mil a los cincuenta mil pesos, la cual era siempre negociada por el personal directivo y fueron descubiertos muchas veces, por personal administrativo que labora en la PROPAET”.
A pesar de que en la mayoría de casos la gente solía darles un moche en lugar de pagar la multa, había quienes no estaban de acuerdo en dar mordida a los representantes de la nueva historia y sufrían los embates del Gobierno ya que se les iniciaba un procedimiento administrativo
“Sin importar que el inspeccionado contaran con el manifiesto de impacto ambiental o que ofrecieran las pruebas respectivas que le eximiera de lo que supuesta e ilicitamente se les culpaba y condenaba en la PROPAET terminaban negociando con los inspectores”.
La referida red de corrupción está tan bien coordinada que, personal afín al titular de la SMA encubre las denuncias que llegan de manera recurrente a la dependencia.
“…para perpetrar estos delitos, los directores que rigen esta Dependencia creada hace poco más de un año, se auxiliaban de un gran número de funcionarios quienes desde la recepcionista, pasando por los asistentes que contestan el teléfono y realizan el registro de las denuncias, hasta los que amedrentan a otros compañeros y demás filtros humanos, les servían para evitar que las anomalías día a día ocurridas en ese lugar, fueran descubiertas o percibidas por algún agente interno o externo a la institución pública en comento y en la que se hallan involucrados los titulares y directivos de la Procuraduría de Protección al Ambiente, de la Coordinación de Bienestar Animal bajo el cobijo de los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, ya que todos y cada uno servidores públicos que trabajan ahí, se deben y le responden al déspota de Luis Antonio Ramírez Hernández”.
La denuncia precisa que; “…dos de los inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente son los principales responsables y/o ejecutores inmediatos de las órdenes que emite todos los días el Director de Inspección y Vigilancia; siendo uno de estos propiamente Tlaxcalteca, el cual es el cerebro de la operación, y el segundo de nacionalidad Guatemalteca, quien es la fuerza bruta del equipo y al que en múltiples ocasiones golpeó la ciudadanía, le videograbaron y hasta fue denunciado, empero, nada ha ocurrido con estas personas pues aún sigue laborando como Jefes de Departamento dentro de la Dependencia en comento”.
A un año 9 meses de Gobierno de Lorena Cuéllar, la referida red se ha fortalecido y a pesar de que la administración estatal tiene conocimiento de esas irregularidades no ha procedido con las sanciones correspondientes, y contradice a la política del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien presume erradicar la corrupción de los Gobiernos, solo que en Tlaxcala, esa acción es letra muerta.
