Por Liliana Becerril Rojas
La impunidad es fruto de la corrupción. La corrupción alimenta la indiferencia de las autoridades ante atropellos contra la ciudadanía. Antes de levantar una denuncia hay una advertencia de sanciones por hacer mal uso de este instrumento jurídico y con mucha frecuencia desalienta a los agredidos a continuar por temor de un mal manejo del proceso. Además, resulta frustrante que no haya respuesta pronta y expedita a las demandas de justicia. Parecería que hay mucha desidia y poca voluntad por parte de los servidores públicos. Es una forma de operar para desalentar a las víctimas de conductas delictivas a levantar la voz. Así, las estadísticas oficiales muestran saldos bajos de incidencia criminal, aunque la realidad que se viva en las calles sea diferente.
A pesar de ello, la Constitución nos otorga el derecho y las instancias para exigir el castigo correspondiente para quienes atenten contra nuestra integridad y nuestro patrimonio. Es la única forma en que se evita que las personas hagamos justicia por nuestra propia mano. El silencio no nos da libertad, nos convierte en cómplices de los delincuentes.
La denuncia es nuestra arma contra la corrupción y es el llamado que hacemos al Estado para que atienda nuestras demandas, también nos permite señalar a los funcionarios que tienen la atribución de atendernos y dar seguimiento a nuestros casos, mediante las carpetas de investigación. No pueden condicionar su respuesta a cambio de nuestro silencio. Son servidores públicos que se deben a la ciudadanía porque sus sueldos y su ejercicio profesional se deben a nosotros, los ciudadanos de a pie, los que pagamos impuestos y sostenemos la estabilidad financiera municipal, estatal y federal. Nuestra voz tiene poder y no debemos dejar de levantarla.
Los actos delictivos solo dejarán de ocurrir en la medida que incrementemos la cantidad de denuncias, que pongamos a trabajar con mayor dedicación al Ministerio Público y señalemos a quienes nos condicionen el cumplimiento de su trabajo a cambio de una remuneración económica: la Ley les obliga a atendernos sin exigir montos adicionales, pues no es un servicio gratuito, pues lo pagamos con nuestros impuestos. No hay, en sus funciones, algo que nos hagan como un favor especial. Deben garantizar la impartición de justicia y con ello, reducir la comisión de delitos.
Hagamos efectivos nuestros derechos, cumpliendo con nuestras obligaciones. Y es que denunciar actos delictivos es un deber, porque de esa manera reducimos riesgos para nosotros, para nuestras familias y otros ciudadanos. No cedamos ante la desidia. Que no nos desaliente la indiferencia: señalémosla y hagamos que el poder de la Justicia mueva las voluntades de nuestros servidores.
Denunciemos. Es imperativo. Es justo. Es el camino a la paz social.
