Por Liliana Becerril Rojas
Tras una consulta fallida y no vinculante sobre la revocación de mandato, el presidente de la República presenta una reforma electoral que en sus generalidades destaca el principio de austeridad, mediante el cual justifica un recorte al número de legisladores en el Congreso federal, por considerar que los diputados de Mayoría Relativa y los plurinominales no representan la voluntad democrática de la ciudadanía. También presenta una reestructuración del INE, por cierto, bastante invasiva, si se considera que pretende cambiar el nombre, el mecanismo por medio del cual se elijan a los consejeros y, por supuesto, los recursos que se destinan para su funcionamiento. En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), decide convertirlo en una sala más de la Corte, señalando que es factible desaparecer a los tribunales estatales toda vez que sus sentencias deben ser revisadas por el TEPJF y este ejercicio supone un gasto burocrático innecesario.
En la presentación de esta reforma se pueden realizar varias lecturas importantes que valdría la pena abordar:
En primer lugar, esta reforma podría entenderse como una acción encaminada a quitar del camino a un organismo que confronta su proyecto de gobierno, usando los fundamentos legales que le dan forma y sentido para argumentar las negativas y objeciones que, desde la perspectiva del presidente, obedecen más a intereses creados que a verdaderos fundamentos estructurales. Así, mediante esta reinvención del Instituto de Elecciones y Consultas, se establecen nuevas bases que funcionen a favor de los intereses y prioridades de este gobierno y el partido en el poder.
En segundo lugar, esta reforma se encamina a re—etiquetar fondos para los planes asistenciales que dan forma y sentido a la presente administración, por lo que argumentan gastos innecesarios en el tema electoral, logrando destinar más dinero a estos planes que, al final de cuentas, logran engrosar un padrón de clientes políticos disfrazados en electorado.
En tercer lugar, podría hablarse de un rechazo anunciado, ya que la oposición ha expresado su intención de hacer su propia reforma, lo que significaría que la reforma impulsada por López Obrador podría no contar con los votos suficientes para su aprobación. Sin embargo, más que un fracaso, podría ser una apuesta por la empatía de la ciudadanía, al ver que hay una clara tendencia a impedir que los beneficios democráticos sean una realidad, beneficios que se enumeran como la representatividad de la ciudadanía, aún de la que se encuentra en el extranjero, pues no hay que pasar por alto que se incluye el voto electrónico para los mexicanos que radican fuera del territorio nacional.
En cualquier caso, esta reforma poco tiene que ver con cambios sustanciales a favor de los ciudadanos, porque no hay una verdadera intención de optimizar recursos para garantizar la certeza necesaria en las elecciones. Todo luce como una estrategia para fortalecer su popularidad, contar con más recursos para robustecer el clientelismos político y una especie de revancha partidista en contra de un organismo autónomo que parece estorbar.
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