Tras lamentar el linchamiento de una persona en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan a la que además le prendieron fuego, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala (CEDH) llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar su trabajo al prevenir esos actos “barbáricos” con la implementación de protocolos que permitan evitar la pérdida de vidas humanas.
A través de un comunicado que emitió el organismo referido, la ombudsperson Jakqueline Ordoñez Brasdefer criticó que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal encabezados por Andrés Manuel López Obrador, Lorena Cuéllar Cisneros y Gustavo Jiménez Romero respectivamente, hubieran permanecido como viles espectadores en lugar de buscar frenar la muerte de una persona.
En el documento, la CEDH rechazó la realización de los actos de barbarie acaecidos en San Pedro Tlalcuapan por lo que además de exigir “una investigación seria y profesional, que no permita la impunidad de las personas responsables que quitaron la vida a una persona…hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender casos como los suscitados en aquella comunidad”.
“El Estado, por conducto de sus autoridades, se encuentra obligado a garantizar la satisfacción de las necesidades y demandas de diversos sectores de la población, a efecto de prevenir violaciones a derechos humanos y asegurar su protección, respeto y promoción”, detalló el comunicado.
Ordoñez Brasdefer señaló que de haber actuado las instancias correspondientes inmediatamente hubiera evitado el linchamiento; “una oportuna y adecuada coordinación en la implementación de los protocolos de actuación y estrategias para la atención de casos como el señalado, han probado su efectividad para evitar la pérdida de vidas humanas”.
De manera incongruente, la CEDH puntualizó que ese organismo aprueba el uso de la fuerza pública siempre y cuando sea con respeto; “…no se opone al debido ejercicio de las obligaciones de los entes de seguridad pública, e incluso de la permisión del uso de la fuerza pública, siempre en un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos”.
Incluso, la Presidenta del organismo sostuvo que los actos arriba referidos; “no pueden, ni deben justificarse bajo ningún contexto…cualquier conducta delictiva, debe ser juzgada bajo los procedimientos de nuestro Estado de Derecho. Toda aquella persona que cometa actos ilícitos debe ser juzgada de acuerdo con la ley, pero la violación al orden jurídico no debe, de ninguna forma, ser pretexto para hacer justicia por propia mano”.
Por lo anterior, la CEDH radicó el Expediente de Queja CEDGHT/6VG/17/2022, e inició la investigación correspondiente por conducto del Visitador General adscrito a la Sexta Visitaduría con sede en Chiautempan, Tlaxcala, con el objetivo de identificar a las autoridades intervinientes, su grado de participación y el cumplimiento de los protocolos de su actuación.
