Trascendió que hay altos intereses, económicos, personales y hasta políticos por parte del Oficial Mayor de Gobierno Ramiro Vivanco Chedraui con el empresario al que le habría alquilado el inmueble, tras haber rentado el edificio público que alberga el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) como cantina ya que no cuenta con los permisos de salud, protección civil, ni mucho menos del municipio capitalino para su operación.
Pese a que el inmueble recientemente fue remodelado para poder exhibir piezas de arte de reconocidos artistas, el edificio sigue en funciones por las noches y es operado con fines de lucro al expender bebidas embriagantes.
A casi un mes del escándalo que de nuevo puso al Estado a nivel nacional en el ojo del huracán, al día de hoy no existe información concreta de quien es el empresario que contrató el inmueble y bajo que términos se hizo ya que ha sido celosamente ocultado por el ex Diputado local de MORENA al grado que tiene que andarse escondiendo de la prensa.
Otro servidor público que tampoco ha asumido su responsabilidad como tal a pesar de que el inmueble está bajo su responsabilidad, es Antonio Martínez Velázquez para quien fue más fácil culpar a la Gobernadora Lorena Cuéllar de que el MAT sea museo de día y antro de noche en lugar se sancionar a su subordinada.
En ese orden de ideas, al ex funcionario Federal le ha temblado la mano para sancionar a la responsable del MAT Luz Magaly Cruces Arteaga quien se desempeña como Jefa del Departamento de la Red de Museos, ya que se presume tiene un lazo familiar con ella por ser hermana de su pareja sentimental.
Aunado a lo anterior, en el caso de las autoridades de la Secretaría de Salud (SESA) a través de la COEPRIST han sido rebasadas toda vez que suspendieron parcialmente la operación del “Bar del Bienestar” a pesar de que no cuenta con los permisos correspondientes y ya esta de nueva cuenta en operación.
Otra entidad pública que también fue pisoteada, es la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ya que se presume habría un acuerdo económico por lo cual aprobó la operación del referido bar.
En esa lista de entes públicos que han sido pisoteados, se sumó el municipio capitalino ya que el referido antro no cuenta con licencia de funcionamiento que por Ley debe exhibir el Ayuntamiento.
La referida situación ha sido severamente criticada por la población, ya que los entes públicos no aplican los mismos criterios con quienes tienen comercios similares de ahí la presunción de que existen acuerdos oscuros para que el antro oficial pueda seguir operando con el aval del responsable de los bienes muebles del Gobierno del Estado y funge como Oficial Mayor.
