Ex funcionarios municipales de Santa María Aquiahuac del municipio de Contla de Juan Cuamatzi y de todos los miembros del comité de agua potable por haber incurrido en varios presuntos delitos
Por los aparentes delitos de daños en las cosas, amenazas, tráfico de influencias y los que resulten, familias del municipio de Contla de Juan Cuamatzi solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) girar la orden de búsqueda y aprehensión en contra de la ex Presidenta de Comunidad de Santa María Aquiahuac y de los miembros del comité de agua potable.
En el escrito que presentaron a la autoridad judicial, los afectados justificaron la referida acción, ya que fueron vulnerados los derechos civiles y humanos de por lo menos dos familias de escasos recursos del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, después de haber presentado la denuncia penal hace algunos meses.
Los afectados, solicitaron la intervención inmediata de la PGJE para la pronta impartición de Justicia, debido a que las supuestas autoridades de la comunidad de Santa María Aquiahuac perteneciente al municipio de Contla de Juan Cuamatzi entre ellas la ahora ex presidenta de comunidad Ma. Del Rosario Bautista Tlapapal en conjunto con el comité de agua potable, desde el pasado 7 de febrero decidieron arbitrariamente cortar el suministro de Agua potable en plena pandemia.
Esa acción fue en agravio de dos familias de escasos recursos, integradas con adultos mayores y por lo menos dos menores de edad, debido al “odio y rencor” de quien en ese momento fungía como autoridad, lo cual derivo en que los afectados recurrieran al amparo de la Justicia Federal obteniendo su protección, no obstante, las ex autoridades señaladas como responsables condicionaron el consumo del vital líquido a solo 20 litros por persona al día.
Además de causar daños en propiedad ajena al destruir parte de la red que suministra el vital líquido a los agraviados tras edificar un registro con tapa metálica y candado de alta seguridad condicionando el vital líquido.
Los denunciantes, a la par de solicitar la justicia de la Autoridad Federal, también solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) para ver si ahora si interviene, toda vez que al día de hoy le ha desinteresado a la flamante Presidenta Jackeline Ordoñez Brasdefer intervenir al respecto.
