Se burlan autoridades de comunidad regidas por usos y costumbres ante la incapacidad de la nueva representante de la CEDH, acusan pobladores
Pobladores del municipio de Contla de Juan Cuamatzi lamentaron que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) encabezada por la Lic. Jakqueline Ordóñez Brasdefer de prioridad y resolver las quejas amigos y pudientes más no del grueso de la población que realmente esta vulnerable ante la grave ignorancia de las autoridades de comunidad.
Los denunciantes señalaron a las autoridades del barrio de Santa María Aquiahuac perteneciente al municipio de Contla de Juan Cuamatzi, desde el pasado mes de febrero y en medio de la fuerte pandemia, la Presidente de Comunidad Ma. Del Rosario Bautista Tlapapal del barrio arriba mencionado junto con la comisión de agua potable del mismo lugar decidieron cortar el suministro de agua potable a dos humildes familias avecindadas en los límites territoriales entre los municipios de Contla de Juan Caumatzi y Santa Cruz Tlaxcala.
Después de que les cortaron el servicio del vital líquido, “…con argucias y mentiras que jamás pudieron probar”, las familias afectadas decidieron pedir la intervención de la CEDH a través de la sexta visitaduría que se encuentra ubicada en el municipio de Chiautempan y que es representada por la Lic. Carmina Mena Juárez, quien después de múltiples llamadas conciliatorias e inspecciones a las humildes viviendas de las dos familias quejosas se hizo de la vista gorda y decidió no darle seguimiento a dichas quejas.
Incluso, no descartaron que los resolutivos de la CEDH hubieran sido manoseados y celosamente escondidos ya que “…sospechosamente al solicitarle copia simple de todo lo actuado en los expedientes CEDHT/6VG/05/2021 y CEDHT6VG/06/2021 para buscar justicia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la representación local negó rotundamente entregarlos, con argumentos increíbles”.
“…tal vez el estatus de la familiaridad con el ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez le dé el poder para negar unos simples expedientes y eso sea el motivo que amordaza a la nueva Ombudsman Lic. Jakqueline Ordóñez Brasdefer”, señaló la denuncia que obra en poder de este medio de comunicación.
Por lo anterior, las quejosas solicitaron el amparo de la Justicia Federal, quien después de un desgastante proceso judicial, donde las autoridades señaladas como responsable hacen burla de los argumentos de su Señoría el Juez tercero de distrito, “optaron por apegarse a los acuerdo internacionales citados en la sentencia para solo poder racionarles el vital líquido a 20 litros de agua al día por persona”.
La referida acción podría ser condicionante de que se alargue el sufrimiento de por lo menos dos adultos mayores, pues ante el embate de la pandemia los ha dejado en un estado deplorable en todos los sentidos.
Como sino fuera suficiente, “…aunque Usted no lo crea, ahí no acaban las arbitrariedades pues las autoridades responsables de los ilegales cortes de agua potable al ver que no podían evadir más el mandato judicial donde la justicia federal decide garantizarles y salvaguardarles sus derechos consagrados en la Constitución a los quejosos, deja ver de nueva cuenta los actos RACISTAS Y DISCRIMINATORIOS pues ante el asombro de la mayoría de los abogados que conocen del caso las autoridades responsables construyeron especialmente un registro de cemento con tapa metálica y candado de alta seguridad”.
Esa acción de colocar las llaves de paso es para controlar el flujo del vital líquido condicionando la potencia con que se conduce el agua, “todo esto refleja el odio y rencor de quien se esconde detrás del disfraz de autoridad con la bandera de la ignorancia y la ceguera que produce la corrupción”.
Finalmente, los quejosos alistan las denuncias penales correspondientes tanto en el ámbito local y a la vez dando vista al Ministerio Público Federal por la falsedad de sus declaraciones y por la desaparición del acta de asamblea donde fundaron el corte ilegal del servicio del agua potable.
