Ex diputado morenista defensor de la 4T fue acusado por los delitos de; “coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, colusión, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito”
Trascendió que el ex diputado local por MORENA y ex candidato por el Partido Encuentro Social de Tlaxcala (PEST) a la alcaldía de Apizaco perdedor Miguel Piedras Díaz, se habrá de incorporar al Gobierno del Estado como nuevo titular del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).
Según la fuente que pidió reservar sus generales por temor a represalias, el apizaquense ya se apersonó en las oficinas que ocupa esa dependencia y solo está a la espera de que su llegada sea oficializada tan luego rinda protesta como Gobernadora Constitucional Lorena Cuéllar Cisneros
De concretarse esa información, el ex Legislador llega con señalamientos graves de corrupción ya que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) además de la Procuraduría general de Justicia del Estado (PGJE) y una más ante la Fiscalia especializada para Combatir la Corrupción (FECC) por diversos delitos.
El ex diputado local por MORENA se sumó a la lista de sus 24 ex compañeros de la LXIII Legislatura, en la que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por miembros de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil en Tlaxcala (CONASO), encabezado por José Domingo Meneses Rodríguez dirigente de esa agrupación civil, luego de haber dispuesto poco más de un mil 400 millones de pesos que asignaron de manera discrecional a través del “Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales” mejor conocido como el “Fondo Moches”.
“…venimos a presentar denuncia de coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, colusión, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito”, detalló el escrito que no fue admitido en la delegación de la FGR en la entidad.
Ante esa situación tuvo que ser presentada en las oficinas de Alejandro Gertz Manero por miembros de la CONASO, de ahí que José Domingo Meneses Rodríguez dirigente de esa agrupación civil sostuvo que la demanda interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los diputados locales, fue por presunto desvío de recursos y por destinar recursos para obras inexistentes en municipios.
Incluso, en el pasado mes de febrero del 2021 durante una visita que realizó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado de Tlaxcala, los miembros de la CONASO entregaron una solicitud para que el mandatario federal instruyera a la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda para que inicien investigación contra los legisladores de la denominada Cuarta Transformación por los presuntos actos de corrupción de Legisladores locales de MORENA y sus aliados de la actual legislatura.
Aunado a lo anterior, el Presidente de la CONASO, anunció en el mes de julio del presente año que también presentaría una denuncia más ante la FGR y en la Procuraduría General de General de Justicia del Estado (PGJE), en contra de los diputados locales por presunta delincuencia organizada ya que han encubierto a alcaldes corruptos.
Finalmente, el próximo funcionario estatal fue denunciado junto con 15 diputad@s más, familiares y hasta el dirigente del sindicato 7 de mayo ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) por el delito de tráfico de influencias radicada con el número de registro 21157/2021, por haber basificado a familiares a unos días de concluir la LXIII Legislatura.
La información que obra en poder de este medio de comunicación, el ex Diputado por MORENA Miguel Piedras Díaz, basificó a su hij@ Nahidelin Sharonn Piedras Gutiérrez.
En consecuencia, de llegar Piedras Díaz como titular del ITIFE serían ya dos ex Legisladores con señalamientos graves de corrupción, que ocuparían puestos claves en el Gobierno que encabezará Lorena Cuéllar Cisneros y que seguramente gozarán de impunidad a pesar de que son delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa; sin derecho a fianza según el artículo 19 constitucionalmente recientemente reformado.
