Reviven pugnas en el TSJE tras revelar Héctor Maldonado cúmulo de irregularidades financieras y administrativas de su antecesor.
Por tranza y opaco fue removido Fernando Bernal Salazar como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así lo evidenció su relevo Héctor Maldonado Bonilla al revelar una serie de irregularidades financieras y administrativas cometidas durante la gestión del Morenista.
En conferencia de prensa comentó que la remoción determinada por el pleno del Poder Judicial se debió en gran parte al crecimiento exponencial en el número de trabajadores que dejará un déficit de 10.3 millones de pesos al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Explicó que al cierre del 2018 tenían registrado 625 trabajadores, para diciembre del 2019, 639 y actualmente suman 742, lo que representa un incremento acumulado del 18.7 por ciento del total.
“Esto es un aspecto que preocupó a los integrantes del pleno por la manera vamos a decirlo así, irresponsable que se han venido tomando decisiones que han impactado negativamente en las finanzas de la institución, al día de hoy tenemos ya una proyección de cierre con datos de tesorería, solo para poder cerrar el año cubriendo prestaciones, emolumentos y demás de la totalidad de los trabajadores que integran nuestra plantilla, estamos hablando de 10.3 millones de pesos en déficit”.
Por tanto, enfatizó que realizarán una reestructura administrativa, por la presidirán del servicio de algunos trabajadores y otros serán reubicados conforme lo indique el análisis que realizarán del caso.
El ex funcionario estatal durante el gobierno priista de Mariano González, alegó que investigarán los montos asignados a diversas obras, que ya fueron ejecutadas y otras que se encuentran en proceso como las casas de justicia en Zacateco y Calpulalpan, asi como el archivo del Poder Judicial.
“Desde el punto de vista administrativa de la planeación y costos que esto representa, lo cierto es que vamos a iniciar una auditoría de obra pública que está ejecutando el Poder Judicial del estado para identificar si se ajusta o no a los montos contratado y si además los incrementos que se están presentado a esos montos originalmente contratados son acordes a lo que establece la legislación y en general el marco jurídico aplicable, desde luego que habrá una revisión importante en los procedimientos de contratación y de licitación”, dijo.
Además, acusó que han sido evidenciadas anomalías en las compras de insumos para atender la contingencia sanitaria por Covid-19 a sobreprecios de entre 400 y 700 por ciento.
Declaró que se ha manejado información al interior del Poder Judicial en compras en sobreprecios “que están verdaderamente por encima de los costos de mercado, esto, no puede pasar ni se va a permitir y eso evidentemente tendrá que revisarse darle seguimiento y emprender las acciones que se tengan que emprender, hablamos de la compra de acrílicos, de la compra de termómetros infrarrojos, de cubrebocas, mascarillas etcétera”.
Señaló de la existencia de algunas irregularidades que dijo son evidentes “vamos a trabajar en ello para que las compras y adquisiciones que se realicen por parte del poder Judicial sean transparentes y apegadas a los criterios de economía, eficiencia, eficiencia y legalidad, esa es otra encomienda que tengo de los integrantes del pleno”.
Otra de las causas que originaron el cambio en la presidencia del Poder Judicial, fue el incorrecto manejo de los Juicios de Control Constitucional en el caso de la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y en el relevo de titular de la Sala de Justicia para Adolescentes.
“Este tipo de procedimientos tiene que hacerse en apego a lo que señala la Ley de Control Constitucional, hablo concretamente de la renovación de CEDH y también de las titulares de la Sala de Justicia para Adolescentes, en la institución en lo que corresponde a las facultades del Presidente del Tribunal Superior de Justicia nunca más un Juicio de Protección Constitucional puede ser empleado o utilizado como un instrumento político, es un instrumento jurídico”.
Tras una amplia exposición, advirtió que el caso no se quedará en la vía mediática, pues llegarán hasta las últimas consecuencias legales.
Además, presentó un ambicioso plan de trabajo para sus poco más de cinco meses de gestión, con claras miras para ser reelegido en el cargo.
