Con todo el cinismo, busca apoyo de constructores de la CMIC cuando ha sido el primer tramposo en obtener obra pública de manera ventajosa.
El cínico candidato al gobierno del estado de Tlaxcala por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Juan Carlos Sánchez García SAGA, se reunió con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para solicitar su voto pese a que como empresario constructor ha incurrido en la trampa y corrupción para acceder a obras millonarias.
Basta con recordar que durante el sexenio de Héctor Ortiz Ortiz se benefició de cientos de obras sin someterse a los procesos de licitación, con obras deficientes y llenas de vicios ocultos.
Su voracidad evidenciada en ese sexenio dejó fuera a decenas de empresas locales que no pudieron acceder a las obras, debido a que la empresa SAGA fue la preferida de los Ortiz.
La historia no miente pues basta recordar que en el sexenio de Mariano González Zarur se inició una investigación a través de la secretaría de la Función Pública del Estado, en la cual se evidenció que en el caso específico de la obra del inmueble de la SEPE– USET que fue ejecutada entre los años 2009 y 2010 con una inversión de 169 millones 139 mil 910 pesos para la construcción del edificio, urbanización y acabados, e identificaron pagos en exceso por un monto de 88 millones 283 mil 835 pesos a las empresas DEMI y SAGA.
En su momento las observaciones arrojadas por la auditoría correspondieron a volúmenes de conceptos pagados de más y no autorizados en contratos originales por 2.3 millones de pesos y de erogaciones de más no autorizadas en convenios por 359 mil 521 pesos.
En conceptos fuera de catálogo no autorizados, se pagó una cantidad de 39.4 millones de pesos; en ejecutados y pagados superiores a lo contratado, sin autorización en contratos originales, 30.2 millones de pesos y en ejecutados sin aval en convenios, 15.8 millones de pesos.
En la etapa de planeación sólo se revisaron 87 de 227 planos y la Secoduvi nunca presentó los 40 restantes relativos a la instalación de voz y datos, circuito cerrado de televisión y control de accesos. Tampoco se entregó el proyecto arquitectónico ejecutivo con oportunidad y sobre las instalaciones de circuito cerrado no existe evidencia de su entrega. Además, el inmueble carece de rutas de evacuación y no se presentó el estudio de impacto urbano.
En la fase de contratación, la auditoría reveló que los expedientes de obra nunca fueron localizados, al igual que los de las bases de licitación, actas de apertura técnica, económica y de fallo, oficios de autorización y actas de entrega–recepción.
