Antes de irse de candidatos, tercia de diputados de MORENA y uno del PAN insisten en dar marcha atrás a veto del Gobernador para dar beneficios a transportistas
Los legisladores Omar Milton López Avendaño, Víctor Castro López y Miguel Piedras Díaz buscan librar el veto impuesto por el Poder Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes y al Código Financiero para beneficiar a concesionarios con la ampliación de la vida útil de sus unidades y descuentos del 70 por ciento en diversas obligaciones,
López Avendaño resaltó que ya cuentan con una propuesta para subsanar las observaciones realizadas por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y lograr los beneficios para los concesionarios y choferes.
“Hubo observaciones por parte del Ejecutivo, hay propuestas para que esto funcione, vamos trabajando para que lleguemos acuerdo dentro, tanto con los transportistas como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el propio Congreso para poder presentar la iniciativa ya modificada y acordada y que con eso podamos tener más luz y más garantías al transporte de no poder subir las tarifas en este momento tan complicado de la pandemia”, resaltó.
Refutó que las propuestas sean inconstitucionales y atenten contra la seguridad de la ciudadanía y el medio ambiente, tal como lo argumentó el mandatario estatal.
El panista, explicó que hay reglas claras que previenen afectaciones a los usuarios por la ampliación de 10 a 15 años en la operatividad de las unidades del transporte público.
Apuntó que buscan que la reunión sea lo más pronto posible “no hemos dejado de insistir en lo importante de subsanar en las observaciones que hace el Ejecutivo, presentamos a la Junta nuestra propuesta modificada y esperemos que se esté atendiendo en los próximos días”.
Por tanto, López Avendaño afirmó que ahora compete a los representantes legales del Congreso local, buscar los acercamientos con los funcionarios de la administración estatal a fin de instalar una mesa de diálogo y acuerdos que permita subsanar las observaciones a las reformas aprobadas y lograr su aprobación y publicación.
Las observaciones hechas por el Ejecutivo a las reformas aprobadas en noviembre del 2020 por los diputados locales, fueron calificadas como inconstitucionales, pues a su consideración atentan contra la seguridad de la ciudadanía y el medio ambiente, así como de los principios de racionalidad, legalidad y seguridad jurídica.