Agrupaciones feministas han denunciado de manera constante que durante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, los Centros de Justicia para Mujeres (Cejum) y juzgados familiares y penales se limitaron el acceso a protección y orientación, con lo que dejaron en peligro a usuarias, mientras que las llamadas de emergencia al 911 y las denuncias reportadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron cuenta de un aumento en la violencia de género.
Sin embargo, el presidente del Poder Judicial en la entidad, Fernando Bernal Salazar, negó que debido a la restricción y suspensión de actividades por la pandemia, haya desatención a los casos de mujeres que enfrentan algún proceso judicial por diversos tipos de violencia.
Expuso que la suspensión de términos y plazos únicamente es en materia jurisdiccional, administrativa y justicia alternativa, en tanto que en materia penal y familiar hay guardia, sumado a que todas las áreas administrativas están trabajando.
Comentó que en lo que va de la pandemia, no se han incrementado los casos en materia familiar y penal de mujeres que hayan iniciado procedimientos legales por cualquier tipo de violencia.
“De hecho se abrieron dos juzgados, no se han dejado de trabajar en esos asuntos, se han quedado guardias, en lugar de un juzgado se tienen dos juzgados y también más personal en el centro de justicia administrativa y todo lo que se judicializa penalmente hablando se atiende, nosotros no tenemos en números que se haya visto un aumento en el porcentaje de violencia contra la mujer o violencia familiar, eso no significa que no haya, si no que en porcentajes, en números no lo hemos reflejado, en ese tipo de asuntos estamos normal y atendiendo”, expuso.
Sin embargo, los colectivos feministas refieren que las medidas de confinamiento establecidas para prevenir la propagación del COVID-19 han incrementado el riesgo de mujeres y niñas a vivir violencia doméstica, lo cual se agrava por la reducción de distintos servicios encargados de protegerlas.
