La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Maribel Rodríguez Piedras, conminó a los 60 ayuntamientos a acatar la Ley General de Archivos y dejar un acervo documental en orden al término de su gestión.
Refirió que es una obligación que las administraciones municipales deben cumplir, sumado a que permiten a las autoridades entrantes tener las bases que les permitan la implementación de políticas públicas en beneficio de la población.
Apuntó que con la nueva norma se pretende dejar atrás viejas prácticas como desaparecer la documentación oficial “lo que nosotros les pedimos a los sujetos obligados que están por salir, es que cumplan con sus obligaciones de acuerdo a la normatividad de nuevas obligaciones que nos marca la Ley General de Archivos porque precisamente ahí es la base de todo, nos marca que se debe hacer una entrega-recepción de todos los documentos que se generen con motivo del cumplimiento de nuestras funciones, competencias y atribuciones que tenemos como sujetos obligados”.
La funcionaria pública, apuntó que las administraciones municipales pasadas dejaban un desorden documental al término de su gestión, sin embargo, con la existencia de la norma federal en la materia, ya se pueden aplicar sanciones al incurrir en ese tipo de omisiones.
“Actualmente ya se establecen sanciones, infracciones y delitos de no cumplir con esa normatividad”, advirtió.
Además, subrayó que el artículo 121 de la norma general considera sanciones de 3 a 10 años y multas de 3 mil a 5 mil Unidades de Medida y Actualización a quien sustraiga información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista responsabilidad determinada en esta ley; transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin permiso, un documento considerado patrimonio documental de la nación.
La Ley General de Archivos contiene los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los documentos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes de la Unión.
